Por Floro Hermes Gómez Pineda
Twitter: @Florohermes
Con respecto a la hecatombe de nuestra salud, en tres ocasiones he escrito en EL PUEBLO que ella es el producto de unas instituciones políticas y económicas extractivas, basado en las investigaciones de los profesores Daron Acemoglu y James Robinson, lo que ha generado afectos y desafectos en lectores, según su condición de explotados o explotadores, respectivamente.
Hoy voy a ratificar lo dicho con base en la exposición de motivos del proyecto de Ley 210 de 2013, “por medio de la cual se redefine el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”: en la página 37 escribió el gobierno nacional que el modelo de salud existente en Colombia incentiva a “los agentes hacia la extracción de rentas en demérito de los objetivos de salud de la población”.
Esta declaración gubernamental expresa la existencia en Colombia de una institucionalidad sanitaria política y económica extractiva, explica por qué contra el mandato constitucional de la inviolabilidad de la vida y la salud (que es letra muerta), se estableció de facto su violabilidad por parte de los distintos agentes aseguradores de la salud.
Esta violabilidad de la vida y la salud, que está en contra del ideal liberal esencial de la propiedad, que entendemos los liberales como “la vida, la salud, las libertades y las posesiones”, ha significado que el aseguramiento del servicio público de la atención de la salud se centre “en el manejo financiero por encima del objetivo misional de gestión de los riesgos en salud”, como lo afirma el gobierno nacional en la exposición de motivos del mencionado proyecto de Ley 210, el cual acompaña al proyecto de Ley 211, “por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
Entonces, ¿cabe preguntar de qué sirve regular el derecho fundamental a la salud, cuando existe una institucionalidad sanitaria política y económica extractiva? La respuesta es obvia: de nada, salvo que mantengamos la fe en el “fetichismo de la ley escrita”. Es decir, soñar que las leyes son reales y no formales e ideológicas, una especie de quijotismo pueril. O mantengamos la creencia en el “legalismo mágico”, o sea, pretendamos que ritualismo obediente de la ley implica su aplicación, la idea vaga de no darse cuenta de la realidad.
En conclusión, estamos ante la explicación de la frase española “se obedece, pero no se cumple”, la cual se explica desde el institucionalismo: lo único real, factual y existente son las instituciones.
Por lo tanto, más allá de aprobar una ley que reconozca el derecho a la salud, se requiere introducir unas instituciones sanitarias políticas y económicas inclusivas, innovadoras y creadoras, es decir, una institucionalidad liberal, frugal, sana y sencilla que sustituya la institucionalidad medieval costosa, enferma y enredada que nos hace “pagar más por morir más y más temprano
