EL PORQUE DE LA HECATOMBE DEL SECTOR SALUD

Por Floro Hermes Gómez  MD.
Doctor en Estudios Políticos
Profesor de la Universidad Libre


La Ley 100 de 1993, cuyo ponente fue el entonces senador y hoy expresidente Álvaro Uribe Vélez, es según muchos profesores de salud pública una expresión del fracaso de la medicina gestionada, la cual se encuentra, por una parte, en manos de agentes externos a la salud y, por la otra, en agentes de salud con una muy escasa formación adicional a su pregrado, como es una especialización. La consecuencia: agentes que no saben o ignoran que la privatización de un sistema de salud equivale a pagar “más por morir más y más temprano”, tal como lo demuestra el estudio del profesor Philip J. Devereaux, adscrito a los departamentos de Medicina, División de Cardiología, y de Epidemiología Clínica y Bioestadística de McMaster University, en Canadá.

¿El profesor por qué hace tal afirmación? Porque para el caso del Canadá, si se permitiera la privatización del servicio de la atención de la salud en ese país, significaría aumentar en 2200 las muertes anuales e incrementar los gastos de salud en $7.2 billones de dólares canadienses, lo que es contrario a la idea liberal de asegurar la vida.

Devereaux, en compañía de sus coinvestigadores, para llegar a estas dos desastrosas conclusiones, realizó una revisión sistemática acompañada de un metaanálisis, lo que permitió concluir adicionalmente que las privatizaciones en salud son como “el cigarrillo para las políticas de salud”; es decir, un riesgo progresivo, imperceptible, lento y mortífero que daña y aniquila nuestra salud pública.

¿Cuál es ese daño progresivo, imperceptible, lento y mortífero de la atención de la salud para Colombia? Ese daño consiste en una difícil y azarosa dificultad para la obtención oportuna de una enfermedad padecida (largas esperas y múltiples barreras); en la racionalidad inmoral de la medicina gestionada centrada en el aseguramiento del pago de la cuenta que ignora las necesidades del paciente; en la contención de gastos de atención de la salud dilatando la cita, evitando exámenes necesarios basada en una auditoría médica imperita y negando atenciones contempladas en el Plan Obligatorio de Salud.

Igualmente, el daño está en el establecimiento de protocolos clínicos y terapéuticos desarrollados por médicos y profesionales de la salud sin formación doctoral que ignoran la mejor evidencia científica y someten las órdenes terapéuticas a un caprichoso, irracional y mal intencionado vademécum; y en la hipocresía reinante de enmascarar el deseo de lucro, tal el caso del señor expresidente de SaludCoop, Carlos Palacino, quien según Noticias Uno ganaba $90 millones mensuales, un salario cercano al del señor director del Fondo Monetario Internacional, en ese entonces, Dominique Strauss-Kahn, con muchísima mayor responsabilidad que el presidente de una EPS colombiana.

Entonces, ¿cómo explicar este daño progresivo, imperceptible, lento y mortífero de la medicina gestionada colombiana? Sin lugar a dudas, la aprobación de la Ley 100 puede explicarlo (como muchos colegas académicos lo han abordado), pero la situación es de mayor hondura. La cuestión es un país con “instituciones políticamente extractivas”, es decir, con una distribución estrecha del poder en manos de una élite que diseña instituciones económicas para enriquecerse y afirmar su poder a expensas de la sociedad, como lo ha demostrado el colega profesor y politólogo James Robinson en su libro Why Nations Fail.

En ese sentido, es necesario leer la Ley 100 no como un desacierto sino como “un diseño político institucional” hecho por la élite política nacional colombiana para enriquecerse y enriquecer a los intermediarios financieros del sector, como lo sustentan el control irracional de los costos y el sacrificio de la calidad, con el afán desmedido de asegurar el lucro, que convirtió al servicio público de la atención de la salud en un próspero negocio que para 2004 había convertido a SaludCoop, Coomeva, Colsánitas Medicina Prepagada, Susalud y Salud Total en empresas ubicadas en el Top 100 de las más grandes de Colombia.

Dicho diseño político, gracias a la facultad de intermediación concedida por el “diseño político institucional” denominado Ley 100, condujo al colapso del Instituto de los Seguros Sociales, el cual fue presentado como consecuencia de la corrupción (que era cierta), pero cuyo objeto real en el diseño institucional adoptado era provocar una mayor desregularización del sistema favorable a las ansias de enriquecimiento de los actores del sistema y la élite política beneficiaria de esta hecatombe de la salud.

A esto debe sumarse la decisión gubernamental, de la élite en el poder, de desviar recursos provenientes de los aportes a la seguridad social para utilizarlos como soporte de transacciones financieras del Estado frente a la banca. Por lo tanto, lo anterior explica la crisis financiera hospitalaria que ha conducido al cierre de importantes hospitales universitarios, al derrumbe de la red de atención de las regiones y al establecimiento de intrincados mecanismos que obstruyen, interrumpen y hasta suprimen el servicio público de la atención de la salud, amparados en una medicina gestionada incapaz de leer más allá de datos, cifras y hechos, ¿por qué ocurre esto?

Porque la formación en administración de la salud, o en gerencia de servicios de salud, escasamente aborda los temas estrictamente técnicos de la gestión e ignora la gestión del pensamiento; es decir, no capacita, entrena ni forma en análisis económico, epistemológico, lógico-formal, político y sociológico, lo cual, además de facilitar la hecatombe de la salud, garantiza la afirmación del poder imperante a expensas de la sociedad. En conclusión: más allá de la Ley 100, es necesario entenderla y comprenderla como “un diseño político institucional” que encarece la muerte, mientras la acelera.