VEEDURIA CIUDADANA PARA EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES (LABORALES)

Se informa a todos los actores del Sistema General de Riesgos Profesionales (LABORALES) de la existencia, la vigencia y la actuación de la Veeduría Ciudadana para el SGRL. , en cabeza del Dr. Carlos Arturo Grisales Rojas, medico cirujano, Magister en Salud Ocupacional de la Universidad del Valle, que desde el año 2001 es el Veedor Delegado para el Sistema General de Riesgos Profesionales (Laborales) y para el Consejo Nacional de Riesgos Profesionales (Laborales). El Dr. Grisales es el presidente de la Veeduría Ciudadana para la Seguridad Social Integral Proseso (pro- Seguridad Social) creada en la ciudad de Cali en PROMEDICO Fondo de Médicos de Colombia el 1 de febrero del 2001 y registrada en la Personería Municipal de Cali con el registro # 45.


La misión de la Veeduría Proseso es realizar el control Social al Sistema de Seguridad Social Integral en todos sus regímenes: Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales (Laborales) y Servicios Complementarios, la visión: Hacer veeduria preventiva al mas alto nivel donde se planea, decide y administra el Sistema de Seguridad Social, crear una Red de Veedurías para cada Sistema, con el fin de tener una vigilancia y un control que hagan más eficiente y justa la Seguridad Social, promocionado y gestionando una Cultura Ciudadana de Participación, velando porque en el caso del SGRP. este cumpla con los principios y las reglas del fundamento del servicio publico en Seguridad Social y el objeto y los objetivos planteados en la ley 100 de 1993 y particularmente en cada uno de sus regímenes.


El contacto con el Veedor Delegado para el Sistema General de Riesgos Profesionales (Laborales) para conocer mayores detalles sobre las actuaciones de la Veeduría, para formar parte de la Red o para poner en conocimiento irregularidades en el SGRL. puede hacerse en:


http://pro-seguridadsocial.blogspot.com, y el e-mail proseguridadsocial@gmail.com . cel. 3113725288


martes, 7 de mayo de 2013

HECATOMBE EN SALUD, PRODUCTO DE INSTITUCIONES POLITICAS Y ECONOMICAS EXTRACTIVAS

Por Floro Hermes Gómez Pineda
Twitter: @Florohermes
Con respecto a la hecatombe de nuestra salud, en tres ocasiones he escrito en EL PUEBLO que ella es el producto de unas instituciones políticas y económicas extractivas, basado en las investigaciones de los profesores Daron Acemoglu y James Robinson, lo que ha generado afectos y desafectos en lectores, según su condición de explotados o explotadores, respectivamente.
Hoy voy a ratificar lo dicho con base en la exposición de motivos del proyecto de Ley 210 de 2013, “por medio de la cual se redefine el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”: en la página 37 escribió el gobierno nacional que el modelo de salud existente en Colombia incentiva a “los agentes hacia la extracción de rentas en demérito de los objetivos de salud de la población”.
Esta declaración gubernamental expresa la existencia en Colombia de una institucionalidad sanitaria política y económica extractiva, explica por qué contra el mandato constitucional de la inviolabilidad de la vida y la salud (que es letra muerta), se estableció de facto su violabilidad por parte de los distintos agentes aseguradores de la salud.
Esta violabilidad de la vida y la salud, que está en contra del ideal liberal esencial de la propiedad, que entendemos los liberales como “la vida, la salud, las libertades y las posesiones”, ha significado que el aseguramiento del servicio público de la atención de la salud se centre “en el manejo financiero por encima del objetivo misional de gestión de los riesgos en salud”, como lo afirma el gobierno nacional en la exposición de motivos del mencionado proyecto de Ley 210, el cual acompaña al proyecto de Ley 211, “por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
Entonces, ¿cabe preguntar de qué sirve regular el derecho fundamental a la salud, cuando existe una institucionalidad sanitaria política y económica extractiva? La respuesta es obvia: de nada, salvo que mantengamos la fe en el “fetichismo de la ley escrita”. Es decir, soñar que las leyes son reales y no formales e ideológicas, una especie de quijotismo pueril. O mantengamos la creencia en el “legalismo mágico”, o sea, pretendamos que ritualismo obediente de la ley implica su aplicación, la idea vaga de no darse cuenta de la realidad.
En conclusión, estamos ante la explicación de la frase española “se obedece, pero no se cumple”, la cual se explica desde el institucionalismo: lo único real, factual y existente son las instituciones.
Por lo tanto, más allá de aprobar una ley que reconozca el derecho a la salud, se requiere introducir unas instituciones sanitarias políticas y económicas inclusivas, innovadoras y creadoras, es decir, una institucionalidad liberal, frugal, sana y sencilla que sustituya la institucionalidad medieval costosa, enferma y enredada que nos hace “pagar más por morir más y más temprano

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