PROSESO (pro-Segurdad Social)

ACEPTACION Y RATIFICACION DE LA PARTICIPACION DEL VEEDOR DELEGADO PARA EL SGRP. EN EL CONTROL SOCIAL DEL SISTEMA

2012-02-13T14:29:00.000-08:00

EN REUNION DEL VICEMINISTRO DE TRABAJO, LA DIRECTORA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES Y EL VEEEDOR DELEGADO PARA EL SGRP., EL JUEVES 9 DEL PRESENTE MES EN BOGOTA, EN EL MINISTERIO DE TRABAJO, EL VICEMINISTRO DE TRABAJO DE RELACIONES LABORALES E INSPECCION DR. DAVID LUNA SANCHEZ Y LA DIRECTORA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES DRA. ANDREA TORREZ, DE MANERA PERSONAL, LE COMUNICAN AL VEEDOR DELEGADO PARA EL SGRP. LA DECISION DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y DE LA DIRECCION GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES DE FACILITAR LA PARTICIPACION DEL VEEDOR EN LA VEEDURIA DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES Y SU ASISTENCIA A LOS CONSEJO NACIONALES DE RIESGOS PROFESIONALES, EN CALIDAD Y EN FUNCIONES DE VEEDOR ESPECIALIZADO.

LA VEEDURIA CIUDANA PROSESO (pro-Seguridad Social) Y EL VEEDOR DELEGADO PARA EL SGRP. RESALTAN, PUBLICAMENTE, EL COMPROMISO Y LA CONSECUENCIA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y LA DIRECCION GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES CON LAS FUNCIONES Y LOS DERECHOS DEL VEEDOR Y LA VEEDURIA EN PRO DE UN SGRP. TRANSPARENTE, JUSTO Y EFICIENTE.

MODIFICACION DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES, PROYECTO DE LEY 067 SENADO

2012-02-08T05:38:00.001-08:00

CON EL PROYECTO DE LEY 067 SENADO SE PRETENDE MODIFICAR EL SGRP.,CON LA FINALIDAD, ENTRE OTRAS, DE BUSCAR EL ASEGURAMIENTO DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES.

SI ESTA INTERESADO EN CONOCER EL DOCUMENTO SE LE PUEDE ENVIAR VIA MAIL.

SOLICITO ENVIAR OBSERVACIONOS RESPECTO AL TEXTO: INCLUSIONES, EXCLUSIONES O MODIFICACIONES, O SOBRE SU NECESIDAD O PERTINENCIA, PARA QUE SEAN TENIDAS EN CUENTA EN DEBATE PROXIMO

e-mail. proseguridadsocial@gmail.com
Carlos Grisales Rojas MD. MSO.
Veedor Delegado para el SGRP.
Veeduria Ciudadana para el Sistema General de Seguridad Social Integral
PROSESO (pro-Seguridad social)
Registro # 45 de la Personeria Municipal de santiago de Cali

LA DIRECCION GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES PASA AL NUEVO MINISTERIO DE TRABAJO

2011-11-20T17:00:00.000-08:00

LA DIRECION GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES PASA, NUEVAMENTE, AL MINISTERIO DE TRABAJO, LUEGO DE PERMANECER EN EL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, EL CUAL FUE ESCINDIDO. ESTAMOS A LA ESPECTATIVA DE LAS DIRECTRICES AL SGRP. DESDE EL NUEVO MINISTERIO DE TRABAJO, TAMBIEN DEL REINICIO DE LOS CONSEJOS DE RIESGOS PROFESIONALES.Aun no se reinician las secciones del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales

VEEDOR (OMBUDSMAN) PARA EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES.

2011-11-01T16:54:00.000-07:00

EL VEEDOR PARA EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES SGRP. ES EL OMBUDSMAN DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES.

Los sistemas democráticos deben tener participación de la sociedad civil en su construcción, mantenimiento, desarrollo y control de los mismos, igual sus instituciones, especialmente las encargadas de prestar servicios y manejar dineros públicos, mas ahora cuando avanzamos de una democracia representativa a una democracia participativa.

La Veeduría Ciudadana, el Veedor para el SGRP. (Ombudsman) es un mecanismo de vigilancia y control nacido en la Constitución Nacional y en la conciencia de el derecho y el deber de participación de los ciudadanos; vigila y controla de manera independiente y autónoma un servicio publico, en este caso el servicio de Seguridad Social, específicamente el de aseguramiento de los Riesgos Profesionales.

El Veedor para el SGRP. o el Ombudsman cuenta con el poder del conocimiento del derecho y del conocimiento técnico científico, usa herramientas de poder: la denuncia, la recomendación y la censura, además instrumentos legales para hacer valer derechos y prevalecer la justicia y la equidad. El ombudsman es un mecanismo para contener y controlar el poder absoluto cuando este es injusto, inequitativo y deja de beneficiar a los ciudadanos.

EN LAS INSTITUCIONES, COMO EN LAS DEMOCRACIAS, NO SON CONVENIENTES LOS PODERES ABSOLUTOS, TAMPOCO LOS CIUDADANOS QUE LOS PERMITAN, el poder absoluto en una institución publica o en una democracia debe encontrar un limite regulatorio en el derecho de los ciudadanos usuarios del servicio publico o la democracia, cuando estos participan y lo hacen valer y respetar.

El Ombudsman tiene como función en el caso del Sistema General de Riesgo Profesionales velar por que se cumplan los principios de la seguridad social, por que el Sistema sea justo y eficiente y por que se respeten los derechos de sus usuarios y sus actores, especialmente los más débiles.
Las decisiones que afectan a los usuarios del SGRP. deben ser previamente difundidas, conocidas y consultadas, las actuaciones del estado son publicas y así deben ser exigidas por los ciudadanos.

La Veeduría ciudadana para el SGRP. es una experiencia democratizadora al más alto nivel, como debe ser, en este importante servicio público de Seguridad Social y aseguramiento de Riesgos Profesionales. La veeduría para el SGRP., el Veedor (Ombudsman) debe contar con el apoyo de ciudadanos, funcionarios públicos y actores del SGRP., y como tal debe ser valorada y valorado, respetada y respetado.

Socialice y apoye.

Carlos Grisales Rojas MD. MSO.
Veedor Delegado para el SGRP.

REFORMA DE RESOLUCION 1016 DE 1989, CONSIDERACIONES DE LA CUT

2011-10-31T17:49:00.000-07:00

EL VEEDOR ESPERA Y RECIBE COMENTARIOS.

Bogotá D.C. octubre 27 de 2011.

Señores Ministerio de la Protección Social y
Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos y Sociales de la Andi.
Atención: Doctora Jenny Galvis Echeverry.

Atento saludo.
En atención a la convocatoria hecha por el Ministerio de la Protección Social a los diferentes estamentos, incluidas las organizaciones sindicales, tendiente a presentar la reforma de la resolución 1016 de 1989, basados en las directrices de la Norma Internacional ILO-OSH-2001, la Central Unitaria de Trabajadores -CUT-, considera necesario plantear lo siguiente:
1. El Ministerio de la Protección Social está en mora de adelantar una reforma estructural que resuelva los problemas de fondo de la salud y la seguridad en el mundo del trabajo, a saber: la exclusión de más del 60% de la población trabajadora, la intermediación del capital financiero a través de las Aseguradoras de Riesgos Profesionales –ARP- y la debilidad en los mecanismos de inspección, vigilancia y control, entre otros.

2. No es procedente la modificación de la Resolución 1016 de 1989 por cuanto no es este, el propósito de las directrices de la Organización Internacional del Trabajo OIT. Como lo expresa su director en la Introducción del citado documento: “Las recomendaciones prácticas de estas directrices se han establecido para uso de los responsables de la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Dichas recomendaciones no tienen carácter obligatorio y no tienen por objeto sustituir ni las leyes o reglamentos nacionales ni las normas vigentes. Su aplicación no exige certificación”.

3. Como sugiere acertadamente la Norma Internacional ILO-OSH-2001en el apartado 3-7-1, “El sistema de gestión de la SST y las disposiciones pertinentes de la organización deberían evaluarse mediante un examen inicial, según corresponda. En el supuesto de que no exista ningún sistema de gestión de la SST, o cuando la organización sea reciente, el examen inicial debería servir de base para el establecimiento de tal sistema”. Este examen inicial como punto de partida no fue considerado en la metodología; más aún se desconoció la existencia misma de la normatividad nacional y la experiencia que nos deja su aplicación.

4. En correspondencia con lo anterior, nos parece pertinente y necesario analizar el texto y la aplicación práctica de la resolución 1016 de 1989, con el objeto de detectar y evaluar los problemas que se han presentado. Partiendo de allí, definir los correctivos, dado el caso, apoyarse en las orientaciones de la OIT para mejorar dicho sistema.

5. Dejamos constancia que el hecho de escuchar los aportes de los trabajadores en la fase terminal de un proceso contratado y controlado por las organizaciones de los empleadores no genera confianza ni garantiza la real participación de los trabajadores, en una sociedad como la nuestra donde los derechos son convertidos en negocio rentable conducente al servicio del capital financiero, como es el caso de las ARP.

6. No desconocemos los problemas generados a partir del Plan Nacional de Salud Ocupacional o de la normatividad adoptada, pero tampoco compartimos que tales problemas tengan como origen la Resolución 1016 de 1989; por el contrario, la inexistencia de programas o su incumplimiento, la precariedad de los recursos, la ausencia de personal con buenos perfiles y la formación requerida, las ausencia de inspección, vigilancia y control, entre otros, no son problemas generados por la resolución, sino por el incumplimiento y desacato de la misma.

7. Igualmente es oportuno manifestar, que la propuesta de modificación diluye la funcionalidad de los COPASOS y la participación real de los trabajadores, e incorpora un lenguaje laxo, donde existía perentoriedad en el cumplimiento de la normatividad del sistema. Así mismo la propuesta de reforma de la resolución, no registra la obligatoriedad de contar con programas específicos y recursos para su implementación.

8. No es viable incorporar la evaluación de desempeño, en los términos que manifiesta la propuesta, pues la asignación y comunicación de responsabilidades, nos conduce a que en un futuro se traslade a los trabajadores una responsabilidad que le pertenece a los empresarios o empleadores como dueños del riesgo o peligro, según lo ha definido la normatividad nacional e internacional.

Bajo estas consideraciones proponemos un replanteamiento de la metodología que parta de la evaluación de la resolución 1016 de 1989: de sus propósitos y contenidos; de las dificultades y problemas en su implementación para buscar los correctivos que nos permitan avanzar en la búsqueda de soluciones en salud ocupacional y en la construcción de una cultura de la promoción, prevención y mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo en las empresas, como componente del Trabajo Decente pregonado y defendido por la OIT.

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES –CUT-

TARCISIO MORA DOMINGO TOVAR WITNEY CHAVEZ
PRESIDENTE SECRETARIO GRAL D. SEGURIDAD SOCIAL

TERCERIZACION, OUTSOUCING/ INTERMEDIACION LABORAL. Aseguramiento a Riesgos Profesionales y Responsabilidad Civil por AT.

2011-10-25T15:34:00.000-07:00

Tomado de actualicese.com

Usar a un tercero para que realice determinadas tareas de nuestra cadena de producción puede significar procesos más eficientes y baratos, pero usarlo indebidamente puede significar una intermediación laboral castigada severamente por la legislación colombiana.
Lo primero: ¿Qué es la tercerización u outsourcing?
Si observamos la definición que Wikipedia y por ende, la más generalizada, señala, vemos qué “la subcontratación es el proceso económico en el cual una empresa determinada, mueve o destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas, a una empresa externa, por medio de un contrato. Esto se da especialmente en el caso de la ‘subcontratación de empresas especializadas.”

Es importante resaltar, que la tercerización no significa que el tercero “haga todo”, pues excedería su esencia, simplemente debemos ver la tercerización de ciertas actividades o procesos dentro de toda la cadena de producción, siendo ese tercero más eficiente y más económico que si lo hiciera directamente el beneficiario del servicio, además, que el tercero especializado realiza su labor en sus propias dependencias y bajo su propia autonomía y riesgo.

Podríamos dar cientos de ejemplos de tercerización, pero podríamos mencionar unos cuantos:

•Una Editorial que escribe y vende libros, subcontrata a una empresa especializada “litografía” para que haga la producción material (elaboración, encuadernación, empastado) de sus libros.
•Una fábrica contrata a una empresa especializada en contabilidad, para que de manera autónoma le lleve sus procesos contables.
•La empresa que produce gaseosas, subcontrata a otra empresa para que haga las botellas de vidrio y luego se las entregue listas para poder ser llenadas.
•Una constructora subcontrata a otra especializada en explosivos para la demolición de una montaña en la elaboración de túnel.
Como observamos en los ejemplos, podríamos señalar varios aspectos sobre la tercerización u outsourcing:

•Es un tercero especializado,
•Hace apenas una parte del proceso de producción de su cliente,
•Ese tercero especializado es autónomo,
•Le puede prestar servicios simultáneamente a varios clientes,
•Lo hace con su propio personal o trabajadores,
•No existe ningún tipo de subordinación entre los trabajadores del tercero y el cliente,
•El tercero especializado actúa bajo su propia cuenta y riesgo.
¿Cuándo la tercerización se convierte en intermediación laboral?
Para responder dicha pregunta, es menester primero que nos quede claro los puntos descritos anteriormente sobre una verdadera tercerización, con ello, podríamos decir que todo lo contrario, nos llevaría a estar en el terreno de la intermediación laboral, lo cual es severamente castigado en Colombia.

Podríamos entonces señalar, que la tercerización se convierte en intermediación en las siguientes situaciones:

•El cliente es dueño de los medios de producción (maquinaria e instalaciones) en los que deben operan los trabajadores del tercero especializado.
•El cliente ejerce mando y da órdenes sobre los trabajadores de la empresa que hace la tercerización.
•El cliente determina a que trabajador en particular se contrata o se desvincula, siendo “presuntamente” empleados del tercero especializado.
•El tercero especializado no tiene dependencia económica, pues depende del cliente.
Castigo por intermediación laboral al cliente de la tercerización u outsoursing
Si la tercerización u outsourcing, en el fondo no lo es, sino que simplemente es una contratación indirecta de los trabajadores, pero en realidad se tiene el mando sobre éstos a pesar de estar en nómina de la empresa especializada, la legislación nacional castiga severamente esto,

Ley 1429 de 2010

“Artículo 63. Contratación de personal a través de CTA. El personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes. …

… El Ministerio de la Protección Social a través de las Direcciones Territoriales, impondrá multas hasta de 5.000 s.m.m.l.v., a las instituciones públicas y/o empresas privadas que no cumplan con las disposiciones descritas….”

Ver su reglamentación Decreto 2025 de 2011.

Apreciacion del VEEDOR para el SGRP. en caso de Aseguramiento a Riesgos Profesionales y Responsabilidad Civil por Accidente de Trabajo AT. en Tercerizacion, Outsourcing / Intermediacion Laboral

Respecto a responsabilidad en Aseguramiento a Riesgos Profesionales, si es una Tercerizacion o un Outsourcing legal, la afiliacion es responsabilidad de la empresa que terceriza o hace el Outsourcing,pero, la empresa contratante del tercerizador o del Outsourcing debe asegurarse de exigir que la empresa que terceriza o hace el Outsourcing asegure a sus trabajadores. Si es en realidad se demuestra que existe una intermediacion laboral, es la empresa contratante de la tercerizacion o el outsourcing responsable del aseguramiento de los trabajadoreS a Riesgos Profesionales.

Ante la responsabilidad, en caso de reclamacion civil por accidente de trabajo, responde en el caso de tercerizacion o de Outsourcing legal, la empresa que terceriza o hace el Outsourcing, y solidarimente la que contrata la tercerizacion o el Outsourcing, si la vinculan. En caso de tercerizacion o de Outsourcing ilegal o mejor dicho de "intermediacion labora" las dos empresas responden, la que contrata la falsa tercerizacion o falso autsourcing y la tercerizadora o el Outsourcing ilegal.

INTERMEDIACION LABORAL - TERCERIZACION

2011-10-18T11:47:00.000-07:00

Ministerio de la Protección Social República de Colombia

CIRCULAR No 00000055

PARA: ENTIDADES PÚBLICAS. PRIVADAS. COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO, S.A.S.. EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES DE OUTSOURCING, EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO CORPORACIONES, ASOCIACIONES, FUNDACIONES, ONGs Y OTROS.

DE: VICEMINISTRA DE SALUD Y BIENESTAR ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL
DESPACHO DEL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.

ASUNTO: INTERMEDIACIÓN LABORAL

El ministerio de Protección Social, en el marco de sus competencias, y en aplicación de las disposiciones de rango legal, relacionadas con la contratación de personal y con el ánimo de unificar criterios que permitan la correcta aplicación de las disposiciones legales, en especial, las señaladas en el Articulo 63 de la ley 1429 de 2010 y en el Decreto 2025 de 2011, reitera a las entidades públicas y privadas, cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, S.A.S., empresas de servicios temporales, de outsourcing, empresas asociativas de trabajo, corporaciones, asociaciones, fundaciones, ONGs, entre otras, la prohibición de realizar cualquier forma de intermediación laboral que afecte los derechos constitucionales , legales y prestacionales de los trabajadores, consagrados en las normas vigentes, so pena de incurrir en las sanciones establecidas en el orden normativo sobre la materia.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C, a los - 4 OCT 2011

"El paramo" excelente pelicula colombiana

2011-09-28T13:44:00.000-07:00

Les invito a ver "el paramo" excelente pelicula Colombiana.

Se presentan:
Reaciones y comportamientos individuales y colectivos del ser humano en condiciones extremas: de miedo y aislamiento.
Comportamientos humanos posibles en el ejercito y en la guerra.
Riesgos ocupacionales en el oficio de militar.

en un film de suspenso que te atrapa.

"el paramo", vale la pena ver

VALORACION DE APTITUD MEDICA PARA TRABAJAR.

2011-09-21T07:38:00.000-07:00

"LA VALORACION DE LA APTITUD MEDICA PARA TRABAJAR" ES UNA ACTIVIDAD CLAVE EN MEDICINA DEL TRABAJO Y EN EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES.

EN COLOMBIA NO HAY CRITERIOS DEFINIDOS PARA VALORAR LA APTITUD MEDICA, NO SE HA VISTO INTERES MANIFIESTO POR EL TEMA, NO EXISTE SUFICIENTE CLARIDAD NI CONCENSO ENTRE LOS MEDICOS, LA ACTIVIDAD SE DESARROLLA DE FORMA MUY HETEREOGENEA,LAS EVALUACION TIENEN POCA CAPACIDAD PREDICTIVA, SUELEN SUSCITAR POLEMICA, Y ADEMAS TIENE IMPLICACIONES, ETICAS, LEGALES Y DE IMPACTO ECONOMICO PARA TRABAJADORES, EMPLEADORES, EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES Y PARA EL PAIS EN GENERAL.

ES UN TEMA QUE MERECE REVISION Y ESTUDIO.

LA VEEDURIA TIENE PREPARADA UNA CONFERENCIA SOBRE EL TEMA, LIDERA Y SOLICITA A LA DGRP. LA REVISION DEL TEMA.

FAVOR ENVIAR COMENTARIOS SUGERENCIAS Y APRECIACIONES.

PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA TABLA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

2011-08-22T07:14:00.000-07:00

SI ESTA INTERESADO EN EL TEXTO DE ESTE BORRADOR, DE ORIGEN INDEPENDIENTE AL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, QUE AUN NO SE HA PRESENTADO AL CONGRESO, SOLICITARLO AL E-MAIL. proseguridadsocial@gmail.com

espero sus apreciaciones y comentarios.

PETICION DE LA VEEDURIA PARA EL SGRP. PARA INCLUIR EN PROYECTO DE REFORMA DE LA RESOLUCION 1016.

2011-08-10T06:36:00.000-07:00

PETICION DE INCLUSION EN TEXTO PROYECTO DE REFORMA DE RESOLUCION 1016 DE 1989.

La Política y los Planes Nacionales de Salud Ocupacional deben ser hechos con participación de todos los Actores del Sistema General de Riesgos Profesionales.

Por lo tanto el texto de reforma debe especificar claramente cuales son todos y cada uno de los actores del SGRP., y entre ellos debe figurar un actor principalísimo en el SGRP. que es: los Prestadores de Servicios de Salud Ocupacional al SGRP. que incluye: técnicos, tecnólogos en SO., profesionales de SO., especialistas, magister y doctorados en SO.

Este actor, los Prestadores de Servicios de Salud Ocupacional deben ser consultados cada que se vaya a hacer el plan Nacional de SO. y cuando se defina políticas y planes en materia de Riesgos Profesionales, nosotros conocemos las empresas, los riesgos y mucha información de campo del tema de Riesgos Profesionales.

La DGRP. debe liderar la identificación, censo de Prestadores de Servicios de SO. y propiciar su organización para aprovechar este importantísimo recurso para el SGRP.

Debe quedar en el proyecto el compromiso de consultar absolutamente a todos los actores para definir políticas, planes y programas de SO.

Carlos Grisales Rojas MD. MSO.
Veedor Delegado para el SGRP.
Veeduría Ciudadana para el SGSSI. PROSESO (pro-Seguridad Social)
Registro # 45 de la Personería Municipal de Cali

PROYECTO DE REFORMA DE LA RESOLUCION 1016 DE 1989 QUE REGLAMENTA LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL EN LAS EMPRESAS

2011-08-09T05:53:00.000-07:00

SE ENCUENTRA EN TRAMITE PROYECTO PARA REFORMAR LA RESOLUCION 1016 DE 1989 QUE REGLAMENTA COMO DEBEN SER LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL EN LAS EMPRESAS; SOLICITE COPIA DEL PROYECTO DE RESOLUCION AL E MAIL:

proyecto1016@minproteccionsocial.gov.co O A proseguridadsocial@gmail.com

y ENVIE SUS 0BSERVACIONES Y COMENTARIOS A proyecto1016@minproteccionsocial.gov.co ANTES DEL 24 DE AGOSTO.

INTERESESE, PARTICIPE.

¿ COMO PARTICIPAR Y/O HACER VEEDURIA AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

2011-07-12T06:56:00.000-07:00

CONFORMANDO VEEDURIAS A NIVEL LOCAL O REGIONAL, PARA ELLO DEBEN SER PARTICIPANTES CON CONOCIMIENTOS TECNICOS EN EL TEMA DE RIESGOS PROFESIONALES Y SALUD OCUPACIONAL, LAS ACCIONES PUEDEN SER LOCALES,REGIONALES O NACIONALES.

HACIENDO APORTES Y DENUNCIAS AL VEEDOR DELEGADO PARA EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES SGRP., PARA LUEGO DE ESTUDIADAS Y ANALIZADAS, LAS GESTIONE ANTE LA DIRECCION GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES, CONSEJO NACIONAL DE RIESGOS PROFESIONALES O ANTE ORGANISMOS DE CONTROL:SUPERSALUD, SUPERFINANCIERA, CONTRALORIA O PROCURADURIA, OIT.

¿QUIENES PUEDEN CONFORMARSE EN VEEDURIAS PARA EL SGRP.?

CIUDADANOS COMUN Y CORRIENTES QUE SE ORGANICEN EN GRUPOS Y TENGAN INTERES EN EL CONTROL SOCIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEGURAMIENTO EN RIESGOS PROFESIONALES; DEBEN INFORMARSE Y CAPACITARSE EN EL TEMA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

GRUPOS U ORGANIZACIONES YA CONFORMADAS COMO: COMITES PARITARIOS DE SALUD OCUPACIONAL COPASOS. DE EMPRESAS, COMITES REGIONALES DE SALUD OCUPACIONAL, COMITES LOCALES DE SALUD OCUPACIONAL, SINDICATOS,GRUPOS DE EMPLEADORES, GRUPOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL (PROFESIONALES, TECNICOS O ESPECIALISTAS) Y DEMAS ACTORES DEL SGRP.,SIN DEJAR DE SER LO QUE SON, PUEDEN CONSTITUIRSE, A LA VEZ, EN VEEDURIAS PARA EL SGRP. Y UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS Y LOS DERECHOS QUE LES BRINDA LA CONSTITUCION Y LA LEY DE VEEEDURIAS.

SE SUGIERE COORDINAR ACCIONES CON EL VEEDOR DELEGADO PARA EL SGRP. PARA IR CREANDO UNA RED DE VEEDURIAS,PARA RECIBIR ASESORIA Y APOYO, Y PARA SUMAR Y MULTIPLICAR ACCCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL AL SGRP.

CONTROL SOCIAL A LO PUBLICO, CONTRA LA CORRUPCION

2011-05-09T06:42:00.000-07:00

En el Sistema de Protección Social, en el aseguramiento en salud (Sistema de Salud) se presentan CASOS DE CORRUPCION TAN ABERRANTES, que DEBEN PRENDER LAS ALARMAS para investigar, vigilar y controlar los demás Sistemas: el de Riesgos Profesionales y el de Pensiones.

El Sistema de Protección Social es un sistema integral, lo que ocurra en una de sus partes, de sus subsistemas se relaciona con el todo, esto es motivo suficiente para vigilar y tener un control social especializado a todos los Sistemas que conforman el Sistema General de Protección Social Integral.

No hay excusas, ni justificaciones para obstaculizar o impedir la vigilancia especializada y el control ciudadano, en ningún nivel de la administración pública,por ningun funcionario publico; las Veedurías Ciudadanas están respaldadas en la Constitución y la ley, y en la necesidad y el derecho a la participación en el cuidado de lo público (lo que es de todos).

Con los hallazgos de corrupción (vergonzosos) encontrados en el Sistema de Salud YA ESTA MAS QUE CLARO que todos los servicios públicos NECESITAN Y DEBEN TENER VIGILANCIA Y CONTROL SOCIAL que ayude a suplir el control institucional insuficiente, para en alguna manera y medida garantizar TRANSPARENCIA, JUSTICIA Y EQUIDAD.

El Estado esta en obligacion de fortalecer la vigilancia de lo publico por intermedio de las instituciones creadas para tal fin y el Control Ciudadano(veeduria ciudadana) como un aliado clave para evitar la corrupción.

La Seguridad Social es un SERVICIO PUBLICO y como tal maneja dineros públicos (de todos los ciudadanos), por lo tanto, sin discusión y sin excepción, debe ser sujeto de vigilancia y control social hecho por los ciudadanos, no solo a los funcionarios y entidades publicas si no a las empresas privadas que presten el servicio publico, en el caso del Sistema de Protección Social a: EPS., ARP. y Fondos de Pensiones.

CONTROL SOCIAL un derecho y una responsabilidad para enfrentar la corrupcion la injusticia y la falta de equidad.

PROYECTO LEY QUE MODIFICA EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES.

2011-04-12T18:16:00.000-07:00

TEXTO DEFINITIVO PROPUESTO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 067 DE 2010 SENADO
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 13 del Decreto-ley 1295 de 1994, el cual quedará así:
¿Artículo 13. Afiliados. Son afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales:
a) En forma obligatoria:
1. Los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos; las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios personales con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles, comerciales o administrativos, con una duración superior a un mes y con precisión de las situaciones de tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha prestación.
2. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado son responsables conforme a la ley, del proceso de afiliación y pago de los aportes de los trabajadores asociados. Para tales efectos le son aplicables todas las disposiciones legales vigentes sobre la materia para trabajadores dependientes y de igual forma le son aplicables las obligaciones en materia de salud ocupacional, incluyendo la conformación del COPASO.
3. Los jubilados o pensionados, que se reincorporen a la fuerza laboral como trabajadores dependientes, vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, y
4. Los estudiantes de todos los niveles académicos de instituciones educativas públicas o privadas que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente de ingreso para la respectiva institución o cuyo entrenamiento o actividad formativa es requisito para la culminación de sus estudios, e involucra un riesgo ocupacional, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida dentro del año siguiente a la publicación de la presente ley.
5. Los docentes de todas las instituciones de enseñanza pública vinculados con el Estado mediante acto administrativo, ya sea que se encuentren en carrera docente o en provisionalidad, del orden nacional, departamental y municipal, sin afectación de su régimen prestacional especial y con cargo al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
6. Los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio de la Protección como de alto riesgo deberán obligatoriamente ser afiliadas al Sistema de Riesgos Profesionales y el pago de esta afiliación será por cuenta del contratante.
b) En forma voluntaria:
Los trabajadores independientes, diferentes de los establecidos en el literal a) del presente artículo, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional¿.
Parágrafo 1°. En la reglamentación que expida el Gobierno Nacional para la vinculación de estos trabajadores se adoptarán todas las obligaciones del Sistema de Riesgos Profesionales que les sean aplicables y con precisión de las situaciones de tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha prestación.
Parágrafo 2°. En la reglamentación que expida el Gobierno Nacional en relación con las personas a que se refiere el literal b) del presente artículo, podrá indicar que las mismas pueden afiliarse al régimen de seguridad social por intermedio de agremiaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, por profesión, oficio o actividad, bajo la vigilancia y control del Ministerio de la Protección Social.
Parágrafo 3°. La afiliación al Sistema de Riesgos Profesionales del contratista correrá por cuenta del contratante.
Parágrafo 4. El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio realizará los ajustes que sean necesarios para que la cobertura de los docentes en riesgos profesionales y salud ocupacional no afecte su funcionamiento.
Artículo 2°. Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la actividad sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de actividades sindicales.
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador.
Artículo 3°. Enfermedad profesional. Es enfermedad profesional la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como profesionales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades profesionales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad profesional, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.
Parágrafo. El Gobierno Nacional, oído el concepto del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como profesionales.
Artículo 4°. Ingreso base de liquidación. Se entiende por ingreso base para liquidar las prestaciones económicas lo siguiente:
a) Para accidentes de trabajo
El promedio de los seis (6) meses anteriores al accidente de trabajo, o fracción de meses, si el tiempo laborado en esa empresa fuese inferior a la base de cotización declarada e inscrita en la Entidad Administradora de Riesgos Profesionales a la que se encuentre afiliado;
b) Para enfermedad profesional
El promedio del último año, o fracción de año, de la base de cotización obtenida en la empresa donde se calificó en primera oportunidad el origen de la enfermedad profesional.
En caso de que la calificación en primera oportunidad se realice cuando el trabajador se encuentre desvinculado de la empresa se tomará el promedio del último año, o fracción de año si el tiempo laborado fuese inferior, de la base de cotización declarada e inscrita en la última Entidad Administradora de Riesgos Profesionales a la que se encontraba afiliado previo a dicha calificación.
Parágrafo. Las sumas de dinero que las Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales deben pagar por concepto de prestaciones económicas deben indexarse, con base en el Índice de Precios al Consumidor certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.
Artículo 5º. Monto de las cotizaciones. El monto de las cotizaciones no podrá ser inferior al 0.348%, ni superior al 8.7%, de la base de cotización de los trabajadores y su pago estará a cargo del respectivo empleador.
El Gobierno Nacional adoptará la tabla de cotizaciones mínimas y máximas para cada clase de riesgo.
Artículo 6°. Efectos por el no pago de aportes al Sistema General de Riesgos Profesionales.
La mora en el pago de aportes al Sistema General de Riesgos Profesionales durante la vigencia de la relación laboral, no genera la desafiliación automática de los trabajadores.
En el evento en que el empleador se encuentre en mora de efectuar sus aportes al Sistema General de Riesgos Profesionales, será responsable de los gastos en que incurra la Entidad Administradora de Riesgos Profesionales por causa de las prestaciones asistenciales otorgadas a los trabajadores, así como del pago de los aportes en mora con sus respectivos intereses y el pago de las prestaciones económicas a que hubiere lugar.
La liquidación, debidamente soportada, que realicen las Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales por concepto de Prestaciones otorgadas, cotizaciones adeudadas e intereses por mora, prestará mérito ejecutivo.
Se entiende que la empresa afiliada está en mora cuando no ha cumplido con su obligación de pagar los aportes correspondientes dentro del término estipulado en las normas legales vigentes. Para tal efecto, la Entidad Administradora de Riesgos Profesionales respectiva, deberá enviar a la última dirección conocida de la empresa afiliada una comunicación por correo certificado en un plazo no mayor a un (1) mes después del no pago de los aportes. La comunicación constituirá a la empresa afiliada en mora. Copia de esta comunicación deberá enviarse al representante de los Trabajadores en Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). Si pasados dos (2) meses desde la fecha de registro de la comunicación continúa la mora, la Administradora de Riesgos Profesionales puede abstenerse de aceptar la afiliación de nuevos trabajadores de la correspondiente Empresa o Entidad en mora, comunicándolo así al Empleador, de lo cual dará aviso a la Dirección Territorial correspondiente del Ministerio de la Protección Social para los efectos pertinentes. La administradora deberá llevar el consecutivo de registro de radicación de los anteriores avisos.
Parágrafo 1°. Cuando la Entidad Administradora de Riesgos Profesionales, una vez agotados todos los medios necesarios para efectos de recuperar las sumas adeudadas al Sistema General de Riesgos Profesionales, compruebe que ha sido cancelado el registro mercantil por liquidación definitiva o se ha dado un cierre definitivo del empleador y obren en su poder las pruebas pertinentes, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia, podrá dar por terminada la afiliación de la empresa.
Parágrafo 2°. Sin perjuicio, de la responsabilidad del empleador de asumir los riesgos profesionales de sus trabajadores en caso de mora en el pago de las primas o cotizaciones obligatorias, corresponde a todas las entidades administradoras de riesgos profesionales adelantar las acciones de cobro coactivo, previa constitución de la empresa o empleador en mora y previo el requerimiento escrito donde se consagre el valor adeudado y el número de trabajadores afectados.
El Gobierno dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente Ley, dará las instrucciones, mecanismos, facultades y recomendaciones para ejercer el cobro coactivo, para lo cual las administradoras de riesgos profesionales deberán conformar un departamento, dependencia u oficina de cobro coactivo propio o contratado, con cobertura nacional y regional.
Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora de riesgos profesionales determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo, y los honorarios, gastos y costas del proceso serán asumidos por el empleador. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
Artículo 7°. Reporte de información de actividades de promoción y prevención. La Entidad Administradora de Riesgos Profesionales deberá presentar un reporte de las actividades que se vayan desarrollando en sus empresas afiliadas durante el año en promoción y prevención al Ministerio de la Protección Social, para efectos de su seguimiento y cumplimiento conforme a las directrices establecidas por parte de la Dirección General de Riesgos Profesionales o quien haga sus veces.
Este reporte deberá ser presentado semestralmente a las Direcciones Territoriales del Ministerio de la Protección Social para seguimiento y verificación del cumplimiento.
El incumplimiento de los programas de promoción y prevención de acuerdo con las directrices de la Dirección General de Riesgos Profesionales acarreará multa de hasta quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Multas graduales de acuerdo a la gravedad de la infracción y siguiendo siempre el debido proceso.
Parágrafo. En caso de incumplimiento de los programas de promoción y prevención el empleador informará a la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social para la verificación y decisión correspondiente.
Artículo 8°. Modifíquese el artículo 66 del Decreto-ley 1295 de 1994, el cual quedará así:
¿Artículo 66. Supervisión de las empresas de alto riesgo. Las Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales y el Ministerio de la Protección Social, supervisarán en forma prioritaria directamente o a través de terceros idóneos acreditados para el efecto, a las empresas de alto riesgo, especialmente en la aplicación del Programa de Salud Ocupacional según el Sistema de Garantía de Calidad, los Sistemas de Control de Riesgos Profesionales y las Medidas Especiales de Prevención y Promoción.
Artículo 9°. Fortalecimiento de la prevención de los riesgos profesionales en las micro y pequeñas empresas en el país. Las Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales fortalecerán las actividades de promoción y prevención en las micro y pequeñas empresas que presentan alta siniestralidad o están clasificadas como de alto riesgo.
El Ministerio de la Protección Social definirá los criterios técnicos con base en los cuales las Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales focalizarán sus acciones de promoción y prevención de manera que se fortalezcan estas actividades en las micro y pequeñas empresas. Serán criterios técnicos a tener en cuenta la cobertura de trabajadores afiliados a micro y pequeñas empresas y la frecuencia, severidad y causa de los accidentes y enfermedades profesionales en estas empresas.
Parágrafo. Dentro de las campañas susceptibles de reproducción en medios físicos o electrónicos y actividades generales de promoción y prevención de riesgos profesionales que realizan periódicamente las Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales se involucrarán a trabajadores del sector informal de la economía.
Artículo 10. Servicios de Promoción y Prevención. Las actividades mínimas de promoción y prevención en el Sistema General de Riesgos Profesionales por parte de las Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales serán las siguientes:
1. Actividades básicas para las empresas del cinco por ciento (5%) de la cotización, como mínimo serán las siguientes:
a) Programas, campañas y acciones de educación y prevención dirigidas a garantizar que sus empresas afiliadas conozcan, cumplan las normas y reglamentos técnicos en salud ocupacional, expedidos por el Gobierno Nacional;
b) Programas, campañas y acciones de educación y prevención, dirigidas a garantizar que sus empresas afiliadas cumplan con el desarrollo del nivel básico del plan de trabajo anual de su Programa de Salud Ocupacional;
c) Asesoría técnica básica para el diseño del Programa de Salud Ocupacional y el plan de trabajo anual de todas las empresas;
d) Capacitación básica para el montaje de la brigada de emergencias, primeros auxilios y sistema de calidad en salud ocupacional.
e) Capacitación a los miembros del comité paritario de salud ocupacional en aquellas empresas con un número mayor de 10 trabajadores, o a los vigías ocupacionales, quienes cumplen las mismas funciones de salud ocupacional, en las empresas con un número menor de 10 trabajadores;
f) Fomento de estilos de trabajo y de vida saludables, de acuerdo con los perfiles epidemiológicos de las empresas;
g) Investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que presenten los trabajadores de sus empresas afiliadas.
2. Del noventa y cuatro por ciento (94%) de la cotización, la entidad administradora de riesgos profesionales destinará como mínimo el diez por ciento (10%) para lo siguiente:
a) Desarrollo de programas regulares de prevención y control de riesgos profesionales y de rehabilitación integral en las empresas afiliadas;
b) Apoyo, asesoría y desarrollo de campañas en sus empresas afiliadas para el desarrollo de actividades para el control de los riesgos, el desarrollo de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la evaluación y formulación de ajustes al plan de trabajo anual de las empresas.
Los dos objetivos principales de esta obligación son: el monitoreo permanente de las condiciones de trabajo y salud, y el control efectivo del riesgo.
c) Las administradoras de riesgos profesionales deben desarrollar programas, campañas, crear o implementar mecanismos y acciones para prevenir los daños secundarios y secuelas en caso de incapacidad permanente parcial e invalidez, para lograr la rehabilitación integral, procesos de readaptación y reubicación laboral;
d) Diseño y asesoría en la implementación de áreas, puestos de trabajo, maquinarias, equipos y herramientas para los procesos de reinserción laboral, con el objeto de intervenir y evitar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;
e) Las entidades administradoras de riesgos profesionales podrán establecer programas de financiación a las empresas para el control de los factores de riesgo en la fuente y en el medio ambiente laboral, para lo cual podrán adquirir, fabricar, arrendar y vender los equipos y materiales necesarios, concediendo créditos debidamente garantizados y con la tasa de interés más baja establecida por la Superintendencia Financiera, al momento de otorgarse el crédito.
El programa de financiación no requiere de autorización alguna, pero está vigilado y controlado por la Superintendencia Financiera.
3. El 1% se destinará para el Fondo de Riesgos Profesionales.
Parágrafo 1º. Las administradoras de riesgos profesionales no pueden desplazar el recurso humano ni financiar las actividades que por ley le corresponden al empleador, y deben otorgar todos los servicios de promoción y prevención sin ninguna discriminación, bajo el principio de la solidaridad, sin tener en cuenta el monto de la cotización o el número de trabajadores afiliados.
Parágrafo 2º. En todas las ciudades o municipios donde existan trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales las administradoras de riesgos profesionales deben desarrollar las actividades de promoción y prevención con un grupo interdisciplinario capacitado y con licencia de salud ocupacional propio o contratado bajo su responsabilidad.
Parágrafo 3º. La Entidad Administradora de Riesgos Profesionales deberá presentar un plan con programas, metas y monto de los recursos que se vayan a desarrollar durante el año en promoción y prevención, al Ministerio de la Protección Social para efectos de su seguimiento y cumplimiento conforme a las directrices establecidas por la Dirección General de Riesgos Profesionales.
Parágrafo 4º. Los gastos de administración de las Entidades Administradora s de Riesgos Profesionales serán limitados, previo estudio, por el Consejo Nacional de Riegos Profesionales.
Parágrafo 5º. Las labores de intermediación de seguros, en el ramo de riesgos profesionales, se encuentran reservadas legalmente, en cabeza de los corredores de seguros vigilados por la Superintendencia Financiera y de las agencias y los agentes de seguros que, previa acreditación de su idoneidad profesional y de la infraestructura humana y operativa requerida para el efecto, se inscriban ante el Ministerio de la Protección Social.
Las Administradoras de Riesgos Profesionales no podrán pagar remuneración alguna a personas distintas de las señaladas en el párrafo anterior, por las labores propias de la intermediación de seguros. Se considera como práctica no autorizada la contravención de este precepto, cuya infracción será sancionada por la Superintendencia Financiera, en la forma establecida en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
El Gobierno Nacional expedirá, dentro de los tres meses siguientes a la promulgación de la presente ley, el reglamento que fijará los criterios mediante los cuales se acreditará la idoneidad profesional y la infraestructura humana y operativa a que se refiere este artículo.
Artículo 11. Objeto del Fondo de Riesgos Profesionales. Modifíquese el artículo 22 de la Ley 776 de 2002, que sustituyó el artículo 88 del Decreto-ley 1295 de 1994, el cual quedará así:
El Fondo de Riesgos Profesionales tiene por objeto:
a) Adelantar estudios, campañas y acciones de educación, prevención e investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo el territorio nacional;
b) Adelantar estudios, campañas y acciones de educación, prevención e investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la población vulnerable del territorio nacional;
c) También podrán financiarse estudios de investigación que soporten las decisiones que en materia financiera, actuarial o técnica se requieran para el desarrollo del Sistema General de Riesgos Profesionales, así como para crear e implementar un sistema único de información del Sistema y un Sistema de Garantía de Calidad de la Gestión del Sistema de Riesgos Profesionales;
d) Otorgar un incentivo económico de subsidio a la cotización al sistema general de riesgos profesionales, de los trabajadores independientes informales, sin ninguna clase de contrato o vinculación, por oficio, labor o actividad económica y de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, a efectos de promover e impulsar políticas en el proceso de formalización laboral y de emprendimiento; el incentivo económico de subsidio a la cotización que se otorgue no podrá ser mayor a un año. El Consejo Nacional de Riesgos Profesionales de acuerdo con los recursos disponibles, priorizará el plan de beneficios del seguro a esta población, preservando su sostenibilidad financiera.
En ningún caso la aplicación de los recursos del fondo que trata el numeral d), podrá superar el treinta por ciento (30%) de los ingresos que recauda el Fondo de Riesgos Profesionales para la vigencia.
Parágrafo. Los recursos del Fondo de Riesgos Profesionales no pertenecen al Presupuesto General de la Nación, no podrán ser destinados a gastos de administración y funcionamiento ni a objeto distinto del fondo previsto en la presente ley, serán manejados en encargo fiduciario.
Artículo 12. Sanciones. Modifíquese el numeral 2, literal a), del artículo 91 del Decreto-ley 1295 de 1994, de la siguiente manera:
El incumplimiento de los programas de salud ocupacional, las normas en salud ocupacional y aquellas obligaciones propias del empleador, previstas en el Sistema General de Riesgos Profesionales, acarreará multa de hasta quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, graduales de acuerdo a la gravedad de la infracción y previo cumplimiento del debido proceso. En caso de reincidencia en tales conductas o por incumplimiento de los correctivos que deban adoptarse, formulados por la Entidad Administradora de Riesgos Profesionales o el Ministerio de la Protección Social, debidamente demostrados, se podrá ordenar la suspensión de actividades o cierre definitivo de la empresa por parte de los Directores Territoriales del Ministerio de la Protección Social, garantizando el debido proceso.
El Ministerio de la Protección Social, reglamentará la escala de sanciones de acuerdo a la gravedad de la violación de las normas en salud ocupacional y riesgos profesionales teniendo en cuenta los límites establecidos en el inciso anterior¿.
Adiciónese en el artículo 91 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado por el artículo 115 del Decreto 2150 de 1995, el siguiente inciso:
¿En caso de accidente mortal originado en el incumplimiento demostrado de las normas de salud ocupacional el Ministerio de la Protección Social impondrá multa no inferior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes; en caso de reincidencia por incumplimiento de los correctivos de promoción y prevención formulados por la Entidad Administradora de Riesgos Profesionales o el Ministerio de la Protección Social una vez verificadas las circunstancias, se podrá ordenar la suspensión de actividades o cierre definitivo de la empresa por parte de los Directores Territoriales del Ministerio de la Protección Social, garantizando siempre el debido proceso¿.
Artículo 13. Garantía de la Calidad en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales. El Ministerio de la Protección Social, en un período no mayor a un año contado a partir de la vigencia de la presente ley, definirá el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales, que deberán cumplir los actores involucrados en el Sistema General de Riesgos Profesionales. Las visitas de verificación del cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en el mencionado sistema de garantía de calidad se realizarán a través de terceros idóneos acreditados para tal fin por el ente acreditador que defina el Ministerio de la Protección Social. El costo de la visita deberá ser asumido por el respectivo interesado.
Les corresponde a los Directores Territoriales del Ministerio de la Protección Social con base en el informe elaborado por el tercero idóneo acreditado para realizar la visita, garantizando siempre el debido proceso, expedir, negar o condicionar el certificado de calidad de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida la Dirección de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social; el incumplimiento de lo señalado en el inciso 1° del presente artículo dará lugar a las sanciones de que trata el artículo 12 de la presente ley.
Artículo 14. Inspección y vigilancia. Corresponde a las Direcciones Territoriales del Ministerio de la Protección Social la vigilancia y control del reconocimiento de las prestaciones económicas y todos los aspectos relacionados con la administración, prevención, atención y control de los riesgos profesionales que adelanten las entidades administradoras de riesgos profesionales.
Corresponde a la Superintendencia Financiera el control y vigilancia de las entidades administradoras de riesgos profesionales, en relación con los niveles de patrimonio, reservas, inversiones y el control financiero, sin perjuicio de las demás funciones asignadas de manera general a la Superintendencia, para las labores de inspección y vigilancia respecto de las entidades vigiladas.
Corresponde a la Superintendencia de Salud el control y vigilancia de la prestación de los servicios de salud en los términos establecidos en el Libro II de la Ley 100 de 1993.
Artículo 15. El artículo 42 de la Ley 100 de 1993, quedará así:
Artículo 42. Naturaleza, administración y funcionamiento de las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de invalidez. Las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de invalidez son organismos del Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, de creación legal, con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica en los dictámenes periciales, cuyas decisiones son de carácter obligatorio, sin perjuicio de la segunda instancia que corresponde a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, respecto de las regionales y conforme a la reglamentación que determine el Ministerio de la Protección Social.
Será conforme a la reglamentación que determine el Gobierno Nacional, la integración, administración, funcionamiento, regionalización del país para los efectos de funcionamiento de las Juntas, escala de honorarios a sus miembros, procedimientos operativos y recursos de reposición y apelación. Los honorarios que se deben cancelar a las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez serán pagados por la entidad de seguridad social correspondiente. La persona natural o jurídica a quien corresponda o por el responsable delegado de acuerdo, también, a la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional.
Corresponde a las Juntas Regionales calificar en primera instancia la invalidez y determinar su origen y a la Nacional la calificación de los riesgos de invalidez con sede en la capital de la República y la resolución de las controversias que en segunda instancia sean sometidas para su decisión por las Juntas Regionales o Seccionales respectivas.
Parágrafo. Los miembros de las Juntas Nacional y regionales de Calificación de Invalidez se regirán por la presente ley, actuarán dentro del respectivo período y, en caso necesario, permanecerán en sus cargos hasta tanto se realice la posesión de los nuevos integrantes para el período correspondiente, previo concurso de méritos conforme lo determine y regule el Ministerio de la Protección Social.
Artículo 16. El artículo 43 de la Ley 100 de 1993, quedará así:
Artículo 43. Impedimentos, recusaciones y sanciones. Los integrantes de las Junta s Regionales y Nacional, en número impar, serán designados, mediante selección pública y objetiva, por el Ministerio de la Protección Social para el efecto y de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Son particulares que ejercen una función pública en la prestación de dicho servicio y no podrán tener alguna, ni realizar actividades relacionadas con la calificación del origen y grado de pérdida de la capacidad laboral o labores administrativas o comerciales en las Entidades Administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral, ni con sus entidades de dirección, vigilancia y control.
Los miembros de las Juntas estarán sujetos al régimen de impedimentos y recusaciones aplicables a los Jueces de la República, conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil y su trámite será efectuado de acuerdo con el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo y, como a particulares que ejercen funciones públicas, les es aplicable el Código Disciplinario Único.
Parágrafo. Los miembros de la Junta Nacional y los de las Juntas Regionales de Calificación de invalidez no tienen el carácter de servidores públicos, no devengan salarios, ni prestaciones sociales y sólo tienen derecho a los honorarios establecidos por el Gobierno Nacional.
Artículo 17. Supervisión, inspección y control de las Juntas de Calificación de Invalidez.El Ministerio de la Protección Social realizará la supervisión, inspección y control administrativa, operativa y de gestión financiera de las Juntas de Calificación de Invalidez y verificará, entre otros aspectos, los tiempos de resolución de casos, la notificación y participación real de las partes involucradas en los procesos, el cumplimiento del debido proceso y el respeto de los derechos legales de todas las partes e implementará un sistema de información sobre el estado de cada proceso en trámite y podrá imponer multas en forma particular a cada integrante de las juntas hasta por cien (100) salarios mínimos legales mensuales, graduales según la gravedad de la falta, por violación a las normas, procedimientos y reglamentación del Sistema General de Riesgos Profesionales. Los recaudos por multas serán a favor del Fondo de riesgos profesionales.
Artículo 18. Licencias en Salud Ocupacional. El Gobierno Nacional reglamentará en el término de seis (6) meses, contados a partir de la expedición de la presente ley, el procedimiento y requisitos para el otorgamiento de las licencias en salud ocupacional a las personas naturales y jurídicas, que como mínimo deben comprender: requisitos, experiencia, campo de acción de acuerdo a su profesi ón, cobertura nacional y departamental, formación académica, y vigencia de la licencia.
Artículo 19. Flujo de recursos entre el Sistema de Riesgos Profesionales y el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Para garantizar el adecuado y oportuno flujo de recursos entre los Sistemas de Riesgos Profesionales y de Seguridad Social en Salud, se aplicarán las siguientes reglas, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 6° del Decreto-ley 1295 de 1994:
1. Las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP pagarán a las Entidades Promotoras de Salud – EPS el valor de las prestaciones asistenciales y económicas de eventos calificados en primera oportunidad como de origen profesional y que hayan sido asumidas por las Entidades Promotoras de Salud – EPS, dentro de los 30 días calendario posteriores a la presentación de dicha solicitud, siempre que la misma cumpla con los requisitos que señale el reglamento y sin que se haya formulado objeción o glosa seria fundada en cuanto al origen o a cualquier otro asunto atinente a la solicitud de reembolso por parte de la Administradora de Riesgos Profesionales ¿ ARP. En caso de objeción seria y fundada este se definirá por los mecanismos de solución de controversias previstos en las normas legales vigentes.
2. Cuando las Administradoras de Riesgos profesionales ¿ ARP no paguen dentro de los plazos establecidos en el numeral anterior a las Entidades Promotoras de Salud ¿ EPS, estando las Administradoras de Riesgos Profesionales ¿ ARP obligadas a hacerlo, deberán reconocer intereses de mora a la tasa moratoria máxima legal vigente que rige para todas las obligaciones financieras aplicables a la seguridad social.
3. La presentación de la solicitud de reembolso efectuada por la Entidad Promotora de Salud ¿ EPS ante la Administradora de riesgos Profesionales ¿ ARP, interrumpe la prescripción de la cuenta de cobro, siempre y cuando se reúnan los requisitos que señale el reglamento y sin que se haya formulado objeción seria y fundada por parte de la Administradora de Riesgos Profesionales ¿ ARP. Los términos de prescripción continuarán rigiéndose por las normas legales vigentes. Lo dispuesto en este numeral no revivirá situaciones ya prescritas.
4. Las reglas indicadas en los numerales anteriores también se aplicarán a los reembolsos que soliciten las Administradoras de Riesgos Profesionales ¿ ARP a las Entidades Promotoras de Salud ¿ EPS.
Adiciónese un parágrafo al artículo 6° del Decreto-ley 1295 de 1994, así:
Parágrafo 2°. Para la prestación de los servicios de salud a los afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales, las entidades administradoras de riesgos profesionales deberán prestar los servicios de salud que requieran sus afiliados con ocasión o causa de un accidente laboral o enfermedad profesional con cualquier institución prestadora de servicios de salud IPS habilitada para la prestación de servicios, atendiendo los requerimientos de eficiencia, calidad y oportunidad, de acuerdo con la reglamentación que para tales efectos expida la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social.
Para efectos de implementar el inciso anterior se deberá organizar e integrar de redes de prestación de servicios de salud; las entidades administradoras de riesgos profesionales deberán informar con anticipación a sus afiliados la ubicación de dicha red a la cual pueden acudir.
El control y vigilancia en la prestación de servicios de salud está a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud.
Artículo 20. Salud Ocupacional del Magisterio. El Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio establecerán el Manual de calificación de invalidez y tabla de enfermedades profesionales para los docentes afiliados a dicho fondo. Igualmente establecerá la implementación de los programas de salud ocupacional, los comités paritarios de salud ocupacional, las actividades de promoción y prevención y los sistemas de vigilancia epidemiológica. La adopción y puesta en marcha de lo anterior no afectará en nada el régimen especial de excepción en salud que de acuerdo con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 está vigente para los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Las anteriores actividades se implementarán y reglamentarán en el término de un año, contado a partir de la vigencia de la presente ley.< o:p>
Artículo 21. Prescripción. Las mesadas pensionales y las demás prestaciones establecidas en el Sistema General de Riesgos Profesionales prescriben en el término de tres (3) años, contados a partir de la fecha en que se genere, concrete y determine el derecho.
Artículo 22. Adiciónase el artículo 4º del Decreto 1295 de 1995, características del Sistema, con el siguiente parágrafo:
Parágrafo. Toda ampliación de cobertura tendrá estudio técnico y financiero previo que garantice la sostenibilidad general del Sistema General de Riegos Profesionales.
Artículo 23. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Gloria Inés Ramírez Ríos, Eduardo Carlos Merlano, Fernando Eustacio Tamayo,Senadores de la República.
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los veintiocho (28) días del mes de febrero año dos mil once (2011).
En la presente fecha se autoriza la publicación en la Gaceta del Congreso de la República, el informe de ponencia para segundo debate y texto propuesto para segundo debate, en veintidós (22) folios, al Proyecto de ley número 67 de 2010 Senado, por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Autoría del proyecto de ley de la honorable SenadoraGloria Inés Ramírez Ríos.
El Secretario,
Jesús María España Vergara.
NOTA SECRETARIAL
El presente informe de ponencia para segundo debate y texto propuesto para segundo debate, que se ordena publicar, con proposición positiva, está refrendado por los honorables Senadores Gloria Inés Ramírez Ríos y Eduardo Carlos Merlano Morales, en su calidad de ponentes. El honorable Senador, Fernando Tamayo Tamayo, no refrendó el presente informe de ponencia.
El Secretario,
Jesús María España Vergara.
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DIGAME EN QUE TRABAJA Y YO LE DIGO DE QUE CANCER PUEDE ENFERMAR O MORIR

2011-03-18T06:16:00.000-07:00

LIBRO EN CONSTRUCCION.

TITULO: DIGAME EN QUE TRABAJA Y YO LE DIGO DE QUE CANCER PUEDE ENFERMAR O MORIR.

EL LIBRO SOCIALIZA INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS DE PADECER CANCER DEBIDO O RELACIONADO CON LA OCUPACION O TRABAJO QUE REALIZA.

OBJETIVO DEL LIBRO: INFORMAR PARA LA PREVENCION DEL CANCER OCUPACIONAL.

ESCRITO POR Y PARA LOS TRABAJADORES.

ESPERELO, PRONTO.

CARLOS GRISALES ROJAS MD. MSO.

Ahora en twitter y facebook

2011-03-12T20:42:00.000-08:00

Acceda a twitter y facebook por CarlosGrisalesR o proseguridadsocial@gmail.com

CON TWITTER y FACEBOOK SE ABRE MAS ESPACIOS PARA VISIBILIZAR Y SOCIALIZAR LA VEEDURIA CIUDADANA PARA EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES. SE POSIBILITA LA OPORTUNIDAD PARA QUE CADAD VEZ MAS COLOMBIANOS CONOZCAN Y APOYEN LAS ACCIONES DE LA VEEDURIA DE: DEMOCRATIZACION, VIGILANCIA Y CONTROL DEL SGRP.

DIEZ AÑOS DE VEEDURIA PARA EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

2011-02-24T14:41:00.000-08:00

UNA DECADA DE VEEDURIA CIUDADANA ESPECIALIZADA PARA EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES ALCANZADA EN EL 2011

Este año (2011) la Veeduría Ciudadana para el Sistema de Seguridad Social Integral alcanza 10 años de actividad ininterrumpida iniciada en el año 2001, con acciones de vigilancia y control del Fondo Nacional de Riesgos Profesionales y su contratación, inicio con la argumentación jurídica ante la negativa a aceptar la Veeduría en el Consejo Nacional de Riesgos Profesionales que culmino con la tutela que ordeno la aceptación de la Veeduría en el seno del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales, organismo permanente de dirección del Sistema General de Riesgos Profesionales y con la apertura para participar en los Consejos Nacionales de Riesgos Profesionales.

La actividad de la Veeduría se desarrollo inicialmente, los 2 primeros años, con el apoyo de Promedico y los demás años con recursos aportados del propio bolsillo del Veedor, quien esta convencido de la importancia de esa labor y de ese derecho de participación ciudadana en la vigilancia y el control de lo publico (de lo que es de todos).

La Veeduría Ciudadana es una “llave maestra” que permite abrir puertas y alcanzar instancias del más alto nivel público, vedadas antes para los ciudadanos del común y algunas blindadas con disposiciones legales que determinan y establecen quienes participan en ellas. La veeduría para el SGRP. es una veeduría creada para accionar al más alto nivel, donde se planea, se toman decisiones y se estructura la reglamentación que rige el SGRP.

Ante el derecho de petición al Ministro de Trabajo de la época solicitando participación y reconocimiento en el CNRP. la tutela obligo a abrir este espacio de dirección del SGRP. a la mirada especializada de vigilancia y control de la ciudadanía. Hecho que representa un gran ejemplo que puede ser reproducible en la dirección de otros Servicios públicos y un logro inédito para el accionar justo del SGRP. y una instancia permanente y continua de vigilancia, control y transparencia.

Se realizado Veeduría durante estos 10 años sin recursos económicos y sin apoyo, solo con la decisión y convencimiento firme en lo que se hace. Se ha tratado de participar en el mayor número de CNRP. con las limitaciones económicas que lo impiden y con obstáculos al derecho a participar como Veedor presentados en algunas ocasiones argumentados en el desconocimiento de ese derecho, entre otros obstáculos.

Se necesita que los funcionarios públicos (en general) cambien la actitud de prevención y recelo con la participación ciudadana, la vigilancia y el control social y reconozcan y acepten el accionar de la Veeduría como un derecho ciudadano que no puede ser obstaculizado, coartado, ni vulnerado; que reconozcan la Veeduría como un instrumento de ayuda para la equidad, justicia y transparencia; que reconozcan la veeduría como una acción benéfica para la eficiencia y transparencia de la gestión que realizan, y que apoyen e impulsen su desarrollo y funcionamiento para el fortalecimiento de la vigilancia y control.

Durante los 10 años de Veeduría al SGRP. al CNRP. y al FNRP. el SGRP ha tenido 3 Directores, 4 o 5 periodos de Consejeros (de 2 años) y la Veeduría ha estado ahí, ella cuenta con la gran fortaleza que le da la continuidad y permanencia que le garantiza la constitución y la ley.

Las intervenciones de vigilancia y control no han sido pocas, han influido en acciones y/o cambios para bien del SGRP. y todos sus actores. A la par, se ha insistido en el apoyo para la creación de una Red de Veedurías especializada para el SGRP., también en un espacio de comunicación y socialización con los diferentes actores del SGRP. a trabes de la página Web de Ministerio y la del FNRP., al que la veeduría tiene derecho, pero aun no se recibe el apoyo que se necesita para fortalecer esta importante instancia de vigilancia, control y transparencia para el SGRP.

Los diferentes Actores del SGRP. debemos comprender la responsabilidad social que tenemos frente a el, si queremos un SGRP. más equitativo, justo, eficiente y transparente; tenemos la necesidad de participar activamente. La Academia y los Prestadores de Servicios de Salud Ocupacional (técnicos, profesionales y especialistas) debemos fortalecer las aptitudes de conocimiento y comprensión del funcionamiento de la realidad del mundo del trabajo, del Sistema de aseguramiento en Seguridad Social y Riesgos Profesionales y de los sistemas democráticos de participación para que tengamos una posición critica, participativa y constructiva en los destinos del aseguramiento social y de riesgos profesionales y no seamos sujetos de las decisiones que afectan el Sistema, nos afectan a nosotros como actores del Sistema, y en las que no participamos.

Esperamos lograr a corto plazo convertir en realidad lo pretendido y solicitado para poder continuar trabajando con más y mejores herramientas por un mejor Sistema General de Riesgos Profesionales.

Carlos Grisales Rojas MD. MSO.
Veedor Delegado para el SGRP.
Veeduría Ciudadana para el SSSI PROSESO (pro- Seguridad Social)

CAMBIO EN CALIFICACION DE LA INCAPACIDAD DE PENSIONADO POR INVALIDEZ

2011-02-15T12:13:00.000-08:00

CAMBIO EN LA CALIFICACION DE LA INCAPACIDAD DEL TRABAJADOR PENSIONADO POR INVALIDEZ Vs. PENSION DE IN VALIDEZ Y DERECHO AL TRABAJO.

Si el invalido recupera en todo o en parte su capacidad para trabajar, constatado en revision medica legalmente practicad, se reabre la extincion de la pension de invalidez y la perspectiva de ser readmitido en el puesto de trabajo del cual fue alejado por fuerza mayor; hay que tener en cuenta que el derecho a la reinstalacion laboral no es absoluto.

Si el trabajador ha recuperado su capacidad laboral tiene derecho a ser readmitido en su trabajo, pero no podria seguir pensionado. No puede haber conjuncion de sentencias incontradas: una que ordene que se le de trabajo y otra que se le de la pension de invalidez.

Sentencia.T-356/95 Consultar y revisar para mayor informacion

ACCIDENTE DE TRABAJO EN COMISION LABORAL CONCEPTO

2011-02-15T11:57:00.000-08:00

Ministerio de la Protección Social
Concepto 349337
22-11-2010
Asunto: Accidente de trabajo en comisión laboral.
Rad. 279743. Respetado señor.
Referente a la consulta sobre el concepto de accidente de trabajo relacionado con el pago de incapacidad temporal cuando a las 7:30 a.m. se dirigía a una empresa cliente a una visita, y por orden de la empresa debía estar allí a las 8: a,m; pero se resbaló en la moto porque esta lloviendo mucho ese día, y al respecto la ARP, dice " no se encontraba utilizando transporte de la empresa y no había iniciado su jornada laboral lo cual significa que no es un accidente laboral, sino un evento de origen común que debe atender la E.P.S”.
Al respecto me permito señalar lo siguiente:
1) El concepto de accidente de trabajo que se aplica en Colombia, es el de la Decisión 584 de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones, que señala:
" n) Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Las legislaciones de cada país podrán definir lo que se considere accidente de trabajo respecto al que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa."
2) El accidente que se presente en comisión de trabajo se considera accidente laboral desde el inicio de la ejecución de orden o actividad encomendada en la cual se encuentra el desplazamiento desde la residencia del trabajador a la empresa, sede o sitio donde va a cumplir la labor encomendada por ordenes y autoridad del empleador, y la jornada laboral se inicia desde que inicia el desplazamiento de la comisión encomendada.
3) En los accidentes de trabajo en comisión laboral no interesa que el transporte sea o no suministrado por el empleador, lo importante es que se encuentre el trabajador cumpliendo una orden y ejecutando las actividades de la comisión o tarea encomendada.
4) La jornada laboral en comisión laboral se inicia desde que el trabajador inicia el desplazamiento y sale de casa o residencia en cumplimiento de la orden o labor encomendada.
5) Luego, son las instituciones de seguridad social ( EPS, ARP y Fondo de Pensiones) quienes por intermedio del equipo interdisciplinario determinan si es o no accidente de trabajo los casos en comisión laboral o de servicios, y la controversia la resuelve la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez conforme al artículo 52 de la Ley 962 de 2005.
6) Las incapacidades temporales se deben cancelar de origen profesional si el médico tratante la otorgó como de accidente de trabajo, y la Entidad Administradora de Riesgos Profesionales no puede objetarla y controvertirla, hasta tanto la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez no determinen que el accidente es de origen común; al respecto se debe observar la Circular Informativa del 8 de agosto de 2008, sobre incapacidades temporales de la Dirección General de Riesgos Profesionales.
El presente concepto de expide conforme al artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
Cordial saludo,
ANA MARIA CABRERA VIDELA
Directora General de Riesgos Profesionales

RESPONSABILIDAD MEDICA EN EXAMENES PARA TRABAJO EN ALTURAS

2010-12-22T13:40:00.000-08:00

SI, LOS MEDICOS ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL QUE REALIZMOS EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA TRABAJO EN ALTURAS NOS AJUSTAMOS DE MANERA ESTRICTA A LOS VALORES DE NORMALIDAD DE LOS EXAMENES DE LABORATORIO Y COMPLEMENTARIOS, ENTRE ELLOS LA VALORACION DEL PESO Y EL IMC., SON MUCHOS LOS TRABAJADORES QUE NO SERIAN APTOS PARA LABORAR EN ALTURAS, MUCHOS NO PODRIAN LABORAR Y RECLAMARIAN SEGURAMENTE LA VIOLACION AL DERECHO AL TRABAJO POR LOS MEDICOS; LAS EMPRESAS SE QUEJARAN DE GASTAR DINERO EN LOS EXAMENES, Y ADEMAS NO PODRAN CONTAR CON SUFICIENTE PERSONAL PARA REALIZAR LABORES EN ALTURAS PORQUE LOS TRABAJADORES NO CUMPLEN CON LA APTITUD MEDICA.

DE OTRA PARTE EL MEDICO, SI NO SE AJUSTA ESTRICTAMENTE A LOS VALORES DE NORMALIDAD DE LOS EXAMENES DE LABORATORIO, COMPLEMENTARIOS, PESO E IMC. PODRIA VERSE INVOLUCRADO EN PROCESOS DE RESPONSABILIDAD LEGAL EN CASO DE EL AT. TRABAJANDO EN ALTURAS DE ALGUN TRABAJADOR QUE EL HAYA DADO APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS, ANTE EL RECLAMO Y LA ARGUMENTACION (posible)DE LA ARP. O DE UN ABOGADO QUE ESGRIMA QUE EL TRABAJADOR ACCIDENTADO TENIA VALORES DE LABORATORIO O DE PESO POR ENCIMA DE LOS NORMALES Y QUE POR ESTE MOTIVO PUDO OCURRIR EL AT LABORANDO EN ALTURASNDE MANERA DIRECTA O INDIRECTA.

TODA LA RESPONSABILIDAD EN EL TEMA, COLEGAS, ES PARA NOSOTROS LOS MEDICOS.

ADJUNTO CONCEPTO DEL MINISTERIO ANTE EL DERECHO DE PETICION DE ESPECIFICAR DE MANERA CLARA Y PRECISA SI LOS MEDICOS ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL DEBEMOS AJUSTARNOS RIGUROSAMENTE A LOS VALORES NORMALES DE EXAMENES DE LABORATORIO, COMPLEMENTARIOS, PESO E IMC.

LA DIRECCION GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES RESPONDE AL DERECHO DE PETICION:

LAS EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES SON UN ACTO MEDICO, CORRESPONDE AL MEDICO ESO. QUE LAS HACE ESTABLECER SI EL TRABAJADOR PUEDE O NO TRABAJAR EN ALTURAS DESDE EL PUNTO DE VISTA MEDICO.

EL MINISTERIO NO PUEDE DETERMINAR HASTA QUE VALORES DE LABORATORIO, DE EX. COMPLEMENTARIOS Y DE PESO O IMC., PUEDE ACEPTAR EL MEDICO PARA ESTABLECER SI EL TRABAJADOR EVALUADO TIENE O NO RESTRICCIONES (SI PUEDE O NO) PARA LABORAR EN ALTURAS

ESPERO SUS COMENTARIOS Y OPINIONES SOBRE EL TEMA, SON MUY VALIOSOS.

DERECHOS POR RECLAMAR EN ACCIDENTES DE TRABAJO (AT.) Y ENFERMEDAD PROFESIONAL (EP.).

2010-12-06T06:32:00.000-08:00

DERECHOS POR RECLAMAR EN RIESGOS PROFESIONALES

Los Accidentes de Trabajo (AT.)y las Enfermedades Profesionales (EP.) son causa de: enfermedad, invalidez y muerte, que afectan a trabajadores, sus familias y a la sociedad en general.

Si tiene derechos por reclamar o quiere saber si los tiene, con relación a Accidentes de Trabajo (AT.) o Enfermedad Profesional (EP.), y necesita ASESORIA ESPECIALIZADA para su RECLAMACION comuníquese con el VEEDOR CIUDANO PARA EL SGRP.

CEL. 3113725288 e-mail. proseguridadsocial@gmail.com

ETICA Y SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

2010-11-03T14:53:00.000-07:00

Santiago de Cali, 28 de Octubre del 2010,

Profesor.
Peter Westerholm, PhD.
Presidente del Grupo de trabajo sobre ética y transparencia de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional ICOH.

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS PARA LA ETICA Y LA TRANSPARENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO DE PROTECCION Y ASEGURAMIENTO DE LOS RIESGOS PROFESIONALES.

Los Servicios de Salud Ocupacional éticos no dependen solo de la ética de los Prestadores de Servicios de Salud Ocupacional, dependen también, en muchas circunstancias, de las relaciones y de las situaciones que se presentan con los demás Actores (de su ética) del Sistema General de Riesgos Profesionales, y con los Actores de otros Sistemas de Seguridad Social como el Sistema de Seguridad Social en Salud; especialmente de los Actores que administran, dirigen y financian, en el SGRP. las: ARP., la DGRP. el Consejo Nacional de Riesgos Profesionales y los empleadores, y en el Sistema de Seguridad Social en Salud. las EPS. y las Cajas de Compensación. También dependen de la ética de las organizaciones de los trabajadores y de las instituciones que tienen la obligación y la responsabilidad de controlar y vigilar el sistema de Seguridad Social Integral: Supersalud y Superbancaria.

Es claro que la investigación, la practica y la prestación de los servicios de salud ocupacional y la ética en ellos, en Colombia no dependen solo de los Prestadores de Servicios de Salud Ocupacional, exclusivamente, depende también de políticas, directrices, decisiones, acciones, intereses y de la ética de los diferentes Actores del SGRP. que no siempre obedecen a los objetivos e intereses que debieran ser comunes.

Los Códigos de Ética deben promocionar del ejercicio profesional de todos los actores de la Salud Ocupacional y el SGRP. en condiciones éticas de profesionalismo, transparencia y equidad y los Comités de Ética velar y controlar su cumplimiento.

Hay que controlar y vigilar el ejercicio y las conductas de todos los Actores del Sistema Riesgos Profesionales y aun los de otros Sistemas del Sistema de Seguridad Social integral para que se cumpla a cabalidad con este Servicio Publico obligatorio, cuya dirección, coordinación y control esta a cargo del Estado y que es prestado por Entidades Publicas y Privadas estas ultimas también sujetas a la vigilancia y el control ciudadano.

Los Códigos de Ética deben contemplar clara y abiertamente la importancia y aceptación de la rendición de cuentas y las acciones de vigilancia y control ciudadano (Veeduría Ciudadana) como parte del comportamiento ético y transparente. Los Comités de Ética deben tener apertura con la vigilancia y el control ciudadano y aceptar y facilitar su actuación.

Una verdadera guía para la practica ética de la salud ocupacional en Colombia y en otros países con un servicio publico con las características de este deben incluir códigos de conducta éticos no solo para los Prestadores de Salud Ocupacional: tecnólogos, técnicos, profesionales y especialistas en salud ocupacional, si no que debe contemplar códigos de conducta éticos para cada uno de los demás Actores del Sistema, especialmente de los que Dirigen el Sistema: Dirección General de Riesgos Profesionales, Consejo Nacional de Riesgos Profesionales, de los Administradores del Sistema: Administradoras de Riesgos Profesionales, y de los empleadores, para que haya una practica ética de la salud ocupacional con inclusión, participación, equidad y justicia en el sistema y con Trabajo Digno para todos.

Los valores éticos de importancia deben ser valores compartidos por todos los actores del Sistema y entre ellos deben estar incluidos los que permitan relaciones entre los actores de respeto, participación y equidad.

Cada Actor del SGRP. deben tener un Código de ética y un Comité de ética y debe haber un Código de ética Común y un Comité común de ética para el SGRP.

El comité de ética y el código de ética deben ser hechos basándose en la aceptación y el reconocimiento que el aseguramiento en riesgos profesionales es un servicio público.

El código de ética debe contemplar la participación real y la concertación como herramientas claves para el logro de los objetivos, y el reconocimiento que no se pueden lograr estos, desconociendo o afectando los derechos de cada uno de los actores del SGRP.

El Código de ética y el Comité de ética debe velar porque los servicios de salud ocupacional que son parte de los servicios de Seguridad Social Integral y que son un servicio publico esencial se presten con sujeción a los principios de: eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación (es la intervención de la comunidad a través de los beneficiarios de la Seguridad Social en la organización, control, gestión y fiscalización de las instituciones y del Sistema en su conjunto)

Se hace indispensable, también, un Código de Ética y un Comité de Ética para los Trabajadores y los organismos que los representan como los Comités Paritarios de Salud Ocupacional COPASO.

Espero que estas observaciones y propuestas sirvan para los propósitos para las cuales fueron solicitadas, y contribuyan a visualizar y entender la necesidad de la ética y la transparencia en el Sistema como condición para la ética en la parte(s).

Espero la respuesta y comentarios de la mesa de discusión del seminario de ética y sus importantes comentarios

Atentamente.

Carlos Arturo Grisales Rojas MD. MSO.
Veedor Delegado para el Sistema General de Riesgos Profesionales
Veeduría Ciudadana para el Sistema de Seguridad Social Integral PROSESO (pro- Seguridad Social)
e- mail: proseguridadsocial@gmail.com

SOCIALICE SUS DENUNCIAS, QUEJAS E INQUIETUDES EN EL SGRP.

2010-07-24T08:07:00.000-07:00

HAY AVANCES EN EL TEMA DE RIESGOS PROFESIONALES EN EL PAIS, SIN EMBARGO ES NECESARIO UN SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES MAS JUSTO PARA TODOS LOS ACTORES DEL SISTEMA, HAY MUCHAS SITUACIONES SUCEPTIBLES DE CAMBIO Y DE MEJORA, TODAVIA HAY MUCHO ESCRITO SOBRE EL DEBER SER Y HACER QUE NO SE CUMPLE.

SOCIALICE EN ESTE BLOG SUS QUEJAS, DENUNCIAS, INQUIETUDES Y PROPUESTAS EN EL TEMA DE RIESGOS PROFESIONALES, LA VEEDURIA PARA EL SGRP. HACE ECO DE ELLAS.

RECUERDE QUE EL VEEDOR DELEGADO PARA EL SISTEMA TIENE UN ESPACIO DE PARTICIPACION GANADO DESDE EL ANO 2001 EN EL CONSEJO NACIONAL DE RIESGOS PROFESIONALES, NO COMO CONSEJERO, SI PARA VIGILANCIA Y CONTROL DEL CONSEJO, DE LA DIRECION Y DEL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES EN SU CONJUNTO.

COMPETENCIA DESLEAL DE LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO Y SALUD OCUPACIONAL POR EL ....

2009-12-04T22:21:00.000-08:00

De: José Mendez
Fecha: 2 de diciembre de 2009 15:52
Asunto: COMPETENCIA DESLEAL DE LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO Y SALUD OCUPACIONAL POR EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS

SALUDOS

Para su conocimiento y fines que estimen pertinentes les envio copia de la respuesta de la Superintendencia del Subsidio Familiar con relación a la prestación de servicios de salud ocupacional con tarifas subsidiadas, lo cual a nuestro entender se convierte en una competencia desleal para aquellos que prestamos estos servicios en condiciones de mercado de libre competencia y no se está teniendo en cuenta que estos subsidios de las Cajas de Compensación Familiar están orientados por Ley a los trabajadores beneficiarios y no a sus empleadores, de acuerdo a nuestro conocimiento del sistema. En ese orden de ideas, lo que estas Cajas estarían haciendo es transfiriendo un subsidio de los trabajadores a las Empresas, ya que es de ellas como empleadoras, la obligación legal de velar por la salud de los trabajadores y realizar a su costo los exámenes de ingreso, control periódico y retiro del trabajador, como está claramente consignado en el Decreto Ley 1295 de 1994 y las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social, normatividad que reglamenta el Sistema General de Riesgos Profesionales y la práctica de las evaluaciones médicas ocupacionales.
Las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), responsables por Ley de la realización de actividades tendientes al fomento, promoción y prevención de riesgos para la salud en el trabajo, no pueden asumir dentro de las actividades tendientes a cumplir esta obligación, la realización de estos exámenes de ingreso, ya que su ejecutoria es parte de las obligaciones que la Ley asigna a los empleadores, por lo que el Ministerio de la Protección Social de manera taxativa lo ha prohibido.

Consideramos entonces, que son aplicables estas mismas consideraciones al caso de las Cajas de Compensación Familiar y por ello, no vemos que se encuentre ajustado a la ley que ofrezcan subsidios a los servicios de salud ocupacional que prestan y es bajo éste entendido que nos referimos a una competencia desleal como base de nuestra queja, pues es claro que las demás Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Ocupacional no contamos con la posibilidad de ofrecer subsidios para poder competir y permanecer en el mercado.

Por todo lo anterior, consideramos que los motivos de nuestra queja han sido validados por las respuestas dadas y esperamos que la Supersalud logre evidenciar este tipo de practicas lesivas para los profesionales que prestamos este servicio y que pone en peligro el desarrollo de la Medicina del Trabajo.

--
JOSÉ MANUEL MÉNDEZ CARBALLO
Médico ESO y MSP
Director asistencial de Colmédicos S.A.
Tel.: 574- 5100500 extensión 114
Celular: 3146319817
Medellín

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES NO PUEDEN SER REALIZADOS POR EPS. NI ARP

2009-10-25T16:16:00.000-07:00

Estas Instituciones "no pueden ni deben remplazar o asumir de manera directa o indirecta las responsabilidades del empleador en materia de salud ocupacional.

No pueden remplazar o desplazar a personas, grupo, departamento u oficina de salud ocupacional que por ley deben tener todas las empresas.

No pueden incurrir en acciones que lleven a simular, falsear o desarrollar actividades que desvien los fines y responsabilidades de los actores del Sistema General de Riesgos Profesionales

No pueden suministrar personal en forma permanente, ellas mismas o por intermedio de empresas de servicio temporal, intermediarios de seguros, cooperativas, empresas asociativas de trabajo o empresas proveedoras de salud ocupacional, para que labore o preste servicios a las empresas para desarrollar actividades en salud ocupacional que por ley le corresponden al empleador, y bajo ninguna circunstancia la ARP. puede sustituir, directa o indirectamente,al personal contratado o pagado por la empresa dedicado a las actividades de salud ocupacional.

No es permitido crear, formar, patrocinar y financiar oficinas o dependencias medicas o en salud ocupacional por parte de las ARP. en sus empresas afiliadas".

"los examenes medicos ocupacionales de ingreso, periodicos y de retiro, son a cargo y por cuenta del empleador, conforme el art. 348 del CST., el literal b) del art. 30 del Decreto 614 de 1984 y el numeral 1) del art. 10 de la resol. 1016 de 1989" Circular Unificada 2004

Evaluaciones médicas ocupacionales

2009-08-04T21:43:00.000-07:00

LUCHA CONTRA EL TABACO EN COLOMBIA, REFLEXION

2009-05-18T13:15:00.000-07:00

LUCHA CONTRA EL TABACO EN COLOMBIA.
Realidad / Reflexión

AVANZAMOS EN LA LUCHA ANTITABACO, NO LO SUFICIENTE, ES RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y LOS LEGISLADORES CUMPLIR CON EL CONVENIO DE LA OMS. PARA EL CONTROL DEL TABACO

El Estado Colombiano tiene la obligación Constitucional de de proteger la salud publica, además el compromiso con la OMS. de cumplir con la adopción del “Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud, OMS. para el control del Tabaco”.

El éxito de esta la lucha, en cada país, contra el tabaquismo dependerá del compromiso político de sus gobernantes en el aplicado cumplimiento del Convenio de la OMS.

Colombia, se encuentra haciendo la tarea, pero, sin embargo, es uno de los países con mas atraso en la lucha anti tabaquica, a pesar de haber adoptado el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud, OMS. para el control del tabaco, hecho en Ginebra el 21 de mayo del 2003, de haber expedido la Ley 1009 de 2006 aprobatoria del Convenio, y de reglamentar esta Ley con la Resolución 01956 del 30 de mayo del 2008.

Llama la atención la circunstancia que para poder tener vigencia y validez el Convenio de la OMS. y la Ley 1009 del 2006 se debió esperar que la sentencia C-665 del 29 de agosto de 2007 declarara exequible el Convenio, al que pretendían declarar inexequible alegando vicios de tramite y de inconstitucionalidad, y la Ley 1109 de 2006 que la adopto a nivel interno, el atraso fue del 27 de diciembre del 2006 fecha en que se aprobó el convenio al 10 de abril del 2008 fecha en que el Estado Colombiano hace, por fin, legalmente parte del mencionado convenio.

El 8 de mayo del 2007 presentan un Derecho de Petición al Presidente de la Republica haciendo las siguientes peticiones con el fin de prevenir y controlar el tabaquismo en Colombia
Establecer una norma jurídica, en un plazo no mayor a 6 meses, y hacerla cumplir, que regule:

1. La obligatoriedad a las compañías tabacaleras que venden sus cigarrillos en el país de informar al gobierno y a la comunidad en general sobre la composición completa y exacta de las sustancias químicas que contienen los cigarrillos, su humo y sus efectos tóxicos para la salud.

2. Un Sistema de Evaluación exhaustivo, por parte del Ministerio de Salud, sobre los riesgos y daños sobre la salud de estas sustancias, compuestos y productos del tabaco.

3. El establecimiento de una Base de Datos, sobre estas sustancias, compuestos y productos de tabaco, público y accesible a los ciudadanos.

4. La obligatoriedad de las compañías tabacaleras de informar en cada cajetilla de tabaco la composición exacta y completa de las sustancias y compuestos químicos que contienen los cigarrillos, así como los riesgos y los daños asociados, de manera sencilla y grafica para que impacte en cualquier grupo de población aunque su nivel educativo sea bajo, ocupando, el grafico, no menos del 30% del área del empaque.

5. La obligatoriedad del Estado de realizar campañas permanentes para la prevención del hábito de fumar y sus consecuencias para la salud, incluyendo informaciones programas escolares sobre los daños del tabaco en la salud.

6. Establecer un porcentaje del rubro de impuesto que las tabacaleras pagan al Estado y que es destinado a la salud de los colombianos, para actividades específicas de promoción de no fumar y para la prevención del tabaquismo.

El 17 de septiembre del 2007 la respuesta fue la información del traslado de la petición a la Viceministro de Salud del Ministerio de Protección Social de acuerdo a lo ordenado por el Art. 33 del Código Contencioso Administrativo.

El 25 de Octubre del 2007 la Dirección General de Salud Publica responde que en la Resolución que reglamentara la Ley (01956 del 2008) se incluirá el tema peticionado y que se atenderán las propuestas presentadas.

La Resolución 01956 del 2008 de las múltiples acciones y estrategias que propone el Convenio, contempla básicamente: la prohibición de fumar en espacios públicos, y las actividades de promoción y prevención que deben desarrollar el Sistema de Seguridad Social en Salud y el Sistema General de Riesgos Profesionales y con sorpresa constato que no tiene en cuenta las peticiones realizadas a pesar de figurar en el Convenio de la OMS.

Las decisiones de la Resol. 01956 del 2008 son muy importantes en la lucha contra el tabaco, sin duda, pero no suficientes para evitar el impacto del tabaquismo en la salud de las personas.

Si se aprobó el Convenio creo que las acciones deben ser menos tímidas, más agresivas y oportunas, ellas deben comprometer, mas, a quienes generan el Riesgo y necesitan de mayor voluntad y decisión política del Estado quien es el que tiene la responsabilidad de cumplir con el Convenio de la OMS. y con el mandato Constitucional de velar por la Salud Publica.

Son cientos de enfermedades, de enfermos, de discapacidades y muertes probadamente ocasionadas por los efectos de fumar, con altísimos costos económicos y sociales par el Pais que podrían evitarse, y que dependen de la decisión política del Estado y sus dirigentes.

No veo porque ?, el Estado Colombiano espera, para tomar todas las decisiones y acciones necesarias propuestas en el Convenio de la OMS.,si acepta, en la Ley 01109 de 2006:

La responsabilidad constitucional de proteger la salud pública.
La epidemia de tabaquismo es un problema mundial con graves consecuencias para la salud pública.
El aumento del consumo y de la producción de cigarrillos y otros productos de tabaco en el mundo entero, particularmente en los países en desarrollo.
La ciencia ha demostrado inequívocamente que el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco son causas de mortalidad, morbilidad y discapacidad, y que las enfermedades relacionadas con el tabaco no aparecen inmediatamente después de que se empieza a fumar o a estar expuesto al humo de tabaco, o a consumir de cualquier otra manera productos de tabaco.
Los cigarrillos y algunos otros productos que contienen tabaco están diseñados de manera muy sofisticada con el fin de crear y mantener la dependencia, que muchos de los compuestos que contienen y el humo que producen son farmacológicamente activos, tóxicos, mutágenos y cancerígenos, y que la dependencia del tabaco figura como un trastorno aparte en las principales clasificaciones internacionales de enfermedades.
La exposición prenatal al humo de tabaco genera condiciones adversas para la salud y el desarrollo del niño.
El importante aumento del número de fumadores y de consumidores de tabaco en otras formas entre los niños y adolescentes en el mundo entero, y particularmente por el hecho de que se comience a fumar a edades cada vez más tempranas.
El impacto de todas las formas de publicidad, promoción y patrocinio encaminadas a estimular el consumo de productos de tabaco.

y considera en la Resolución 01956 de mayo 30 del 2008 que:

El humo de cigarrillo contiene alrededor de 4.000 compuestos tóxicos de los cuales 60 son cancerígenos en humanos entre ellos el cadmio, los bencenos, amoníaco, benzopireno, cianuro de hidrógeno, restos de plomo y arsénico.
Según la OMS, a nivel mundial, el consumo de tabaco es la causa del 30% del total de enfermedades cardiovasculares, el 80% de todas las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el 90% del cáncer de pulmón y el 30% de todos los otros tipos de cáncer.
En Colombia diariamente mueren cerca de 68 personas por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco y sus derivados.
Que la Agencia de los Estados Unidos para la protección del medio ambiente –EPA clasificó la exposición al humo de tabaco presente en el ambiente como carcinogénico del grupo A (comprobado como causa de cáncer en el ser humano) a los niveles ambientales tipicos.
Que de acuerdo con el artículo 2º de la Constitución Política, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Cuando se trata de salvar vidas, hay la responsabilidad de hacer todo lo necesario y posible, y de manera oportuna.

Recordemos que en Colombia cada día que pasa mueren 68 personas por causas relacionadas con el habito de fumar, ¿Cuantas mas deberán seguir muriendo ? y ¿ Cuantas enfermedades y muertes podríamos evitar aplicando todas las estrategias y herramientas del Convenio Marco de la OMS para el Control del tabaco ?

¿Que puede ser mas importante o valer mas que la vida de los seres humanos?

AHORA RESULTA QUE SIENDO UN PAIS DE LOS MAS ATRASADOS EN LA LUCHA ANTITABACO, SE QUERIAN REVERSAR LOS ESCASOS LOGROS, MENOS MAL NO OCURRIO ASI.

DEBEMOS ESTAR ATENTOS A QUE SE CUMPLA CON EL CONVENIO DE LA OIT.

¡Carlos Grisales Rojas MD. MSO.
Veedor Delegado para el SGRP.
Veeduría Ciudadana para el SGSSI. PROSESO (pro-Seguridad Social)

se modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007, y se dictan otras disposiciones

2009-05-12T20:18:00.000-07:00

BORRADOR – DOCUMENTO DE TRABAJO (aclaracion: el borrador es autoria del
Ministerio de Proteccion Social)
Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007, y se dictan otras disposiciones
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
En uso de sus atribuciones legales, en especial de las que le confiere el artículo 348 del Código Sustantivo del Trabajo, el literal a) del artículo 83 de la Ley 09 de 1979, el numeral 12 del artículo 2 del Decreto 205 de 2003 y el artículo 56 Decreto 1295 de 1994,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Modificar el artículo 11 de la Resolución 2346 de 2007, el cual quedará así:
Artículo 11. CONTRATACIÓN Y COSTO DE LAS EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES Y DE LAS VALORACIONES COMPLEMENTARIAS.
El costo de las evaluaciones médicas ocupacionales y de las pruebas o valoraciones complementarias que se requieran, estará a cargo del empleador en su totalidad. En ningún caso, pueden ser cobradas ni solicitados al aspirante o al trabajador.
El empleador podrá contratar la realización de la evaluaciones médicas ocupacionales con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Ocupacional, las cuales deben contar con médicos especialistas en medicina del trabajo o salud ocupacional con licencia vigente en salud ocupacional o directamente con los referidos profesionales.
PARÁGRAFO. El empleador debe contratar, garantizar y velar para que las evaluaciones médicas ocupacionales sean realizadas por médicos especialistas en medicina del trabajo o salud ocupacional con licencia vigente en salud ocupacional, de lo contrario está sujeto a las sanciones establecidas en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°. Modificar el artículo 17 de la Resolución 2346 de 2007, el cual quedará así:
Articulo 17. CUSTODIA DE LAS EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES Y DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS OCUPACIONALES.
Las siguientes reglas se aplicarán a la custodia de las evaluaciones médicas ocupacionales y de las historias clínicas ocupacionales:
a) La custodia de las evaluaciones médicas ocupacionales y de la historia clínica ocupacional estará a cargo del prestador de servicios de salud ocupacional que la generó en el curso de la atención, cumpliendo los requisitos y procedimientos de archivo conforme a las normas legales vigentes.
BORRADOR – DOCUMENTO DE TRABAJO
b) La entidad responsable podrá entregar copia de la historia clínica ocupacional foliada al usuario o a su representante legal cuando este lo solicite, para los efectos previstos en las disposiciones legales vigentes.
c) En caso de muerte del paciente, podrá solicitar copia de la historia clínica ocupacional, únicamente su cónyuge, compañera (o) permanente, hijos y sus causahabientes, y aquellas personas autorizadas expresamente por las disposiciones legales vigentes.
d) En los eventos en que existan documentos de la historia clínica ocupacional en diversas entidades, la entidad responsable, que requiera información contenida en ellos, podrá solicitar copia a la entidad a cargo de los mismos, previa autorización del paciente o de su representante legal.
e) Cada entidad responsable, debe dejar constancia del traslado entre entidades responsables de la historia clínica ocupacional de un usuario, en las actas o registros de entrega o de devolución, firmadas por los funcionarios de las entidades encargadas y responsables de su custodia.
f) En caso de disolución o liquidación de una entidad responsable, la historia clínica ocupacional se deberá entregar al usuario o a su representante legal. Ante la imposibilidad de su entrega al usuario o a su representante legal, el liquidador de la empresa designará a cargo de quien estará la custodia de la historia clínica ocupacional, hasta por el término de conservación previsto legalmente. Este hecho se comunicará por escrito a la Dirección Seccional, Distrital o Local de Salud competente, la cual deberá guardar archivo o registro de estas comunicaciones a fin de informar al usuario o a la autoridad competente, bajo la custodia de que entidad se encuentra la historia clínica ocupacional.
PARÁGRAFO 1. El archivo, la seguridad, la producción, recepción, distribución, consulta, organización, recuperación y disposición final de la historia clínica ocupacional a través de mensajes de datos, se regirán por las normas legales vigentes para la historia clínica general y los parámetros establecidos por la Dirección General de Riesgos Profesionales.
PARÁGRAFO 2. La transición de la historia clínica ocupacional a sistemas de información, su tiempo de conservación, así como su conservación a través de mensajes de datos, se regirán por las normas legales vigentes para la historia clínica general y los parámetros establecidos por la Dirección General de Riesgos Profesionales.
PARÁGRAFO 3. Los médicos especialistas en medicina del trabajo o salud ocupacional, que formen parte de los servicios médicos de la empresa, tendrán la guarda y custodia de la historia clínica ocupacional y son responsables de garantizar su confidencialidad, conforme a lo establecido en el artículo 16. de la
BORRADOR – DOCUMENTO DE TRABAJO
Resolución 2346 de 2007, las normas que la sustituyan, complementen o adicionen.
En ningún caso los empleadores, podrán tener, conservar o anexar copia de las evaluaciones médicas y de la historia clínica ocupacional a la hoja de vida del trabajador.
ARTÍCULO 3°. SANCIONES. El incumplimiento a lo establecido en la Resolución 2346 de 2007, y demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en los literales a) y c) del artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 1994; y por la Superintendencia Nacional de Salud en lo de su competencia.
La investigación administrativa y la sanción serán de competencia de las Direcciones Territoriales del Ministerio de la Protección Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 115 del Decreto Ley 2150 de 1995.
ARTÍCULO 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007.

DERECHO PETICION RESOLUCION 2346

2009-05-07T09:29:00.000-07:00

Santiago de Cali, 10 de Marzo del 2009

Doctora.
Ana Maria Cabrera Videla.
Directora de Riesgos Profesionales.
Ministerio de Protección Social.

DERECHO DE PETICION.

Con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Nacional y en el Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo) me dirijo a Usted, de manera respetuosa y comedida, para formular las siguientes peticiones:

ARGUMENTOS:

La Resolución 2346 de 2007 por la cual se regula la practica de evaluaciones medicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales, cuyo espíritu es indiscutiblemente bueno y necesario para el desarrollo de la salud ocupacional en las empresas y el país, además, para la protección de derechos de los trabajadores, adolece de vicios de forma que han impedido su cabal aplicación y cumplimiento por parte de los actores del Sistema General de Riesgos Profesionales, especialmente a los que compromete directamente con responsabilidades y obligaciones: Médicos Especialistas en Salud Ocupacional, IPSSO., EPS y empleadores, motivos de quejas e inconformidades de los distintos actores que llevaron a que esta resolución aunque esta vigente se encuentre en revisión desde hace mas de 15 meses, hasta la fecha, en busca de ajustarla para que pueda ser cumplible.

Su cumplimiento no solo genera dificultades en la operativizacion de la custodia de las historias clínicas ocupacionales, si no que carga de responsabilidades que conllevan costos logístico y por supuesto económicos a los médicos, no solo en la custodia, si no en la realización de estudios e informes estadísticos sobre la salud de los trabajadores que son evaluados, situaciones previamente advertidas a la DGRP.

Los médicos podemos hacer los informes estadísticos y los diagnósticos de salud, pero los costos no tienen porque ser asumidos por los médicos, deben estar a cargo de los empleadores que son los que ponen el riesgo para los trabajadores, y tienen la obligación de vigilar y conservar de la salud de sus trabajadores.

La resolución debe contemplar disposiciones que regulen las condiciones en que se contrata y no dejar a la libre oferta y demanda servicios que son obligatorios porque estas situaciones crean desigualdad e injusticia en el Sistema.

El SGRP. no debe mejorarse con decisiones que carguen costos a los médicos, que no les corresponden, estamos dispuestos y aceptamos las responsabilidades propias de nuestro trabajo y los servicios que nos asigna el Sistema, siempre y cuando, cada uno, tengan un pago, y un pago justo.

Esta Resolución, además, abre la puerta a las EPS. para que monten IPSSO. para prestar servicios de salud ocupacional, lo que va en contra de la integración vertical que pretende controlar el monopolio de la prestación de los servicios de salud a las EPS., con IPS. de su propiedad y las limita a prestarlo solo hasta con el 30 % de IPS. Propias, Si en el Sistema de Salud limitan el monopolio, no es justo ni legal que en el SGRP. les permitan participar en la prestación de servicios.

Consideramos que si disposiciones de esta Resolución tienen que ver con nuestro trabajo y afectan nuestra justa remuneración, tenemos el derecho a opinar sobre la misma, para ello necesitamos conocer el borrador de la Resolución revisada previamente a su sanción para poder hacer objeciones y precisiones para evitar se lesionen nuestros derechos y se tomen determinaciones que puedan hacer esta Resolución aplicable para bien del SGRP. y de todos sus actores, sustentado en los artículos de la Constitución Nacional: Art. 25. toda persona tiene derecho a un trabajo digno y justo., Art. 53. Remuneración proporcional a la cantidad y calidad del trabajo. y Art. 74. todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, y en la ley de Veeduría Ciudadana hago las siguientes peticiones:

PETICIONES:

Enviar el borrador de la Resolución 2347 del 2007 ya revisada, antes de su sanción.

Establecer un tiempo prudencial para revisión, estudio y para hacer llegar a la Dirección de Riesgos Profesionales las objeciones y sugerencias.

Tener en cuenta los observaciones y recomendaciones que justificadas sancione una resolución aplicable, cumplible y justa.

Atentamente.

Carlos Arturo Grisales Rojas MD. MSO.
Veedor Delegado para el Sistema General de Riesgos Profesionales.

“Por un SGRP. mejor y justo”

DERECHO DE PETICION

2009-05-06T17:02:00.000-07:00

Santiago de Cali, 26 de marzo del 2009.

Doctora.

Ana Maria Cabrera Videla.

Directora General de Riesgos Profesionales.
Ministerio de Protección Social.

DERECHO DE PETICION.

Con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Nacional y el Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo) me dirijo a Usted de manera respetuosa y comedida, para formular las siguientes peticiones:

PETICIONES.

Establecer o incluir en el cuerpo de la Resolución que modifica la Resolución 2346 o en ella misma:

1. Art. 11 de la Resolución 2346 Contratación y costo de las evaluaciones medicas ocupacionales un parágrafo que aclare que los empleadores no podrán contratar evaluaciones medicas ocupacionales con las EPS. o IPS. de Salud Ocupacional de propiedad o vinculadas con las EPS.

2. Art. 11 de la Resolución 2346 Contratación y costo de las evaluaciones medicas, modificado, que los costos de los Diagnósticos de las condiciones de Salud realizados estarán a cargo exclusivo del empleador.

3. Analizar con mayor detalle, detenimiento y consultando a los diferentes actores del SGRP. y especialmente a los Médicos Especialistas en Salud Ocupacional ¿quien o quienes serian las entidades que pueden hacer la custodia de las HCO con las garantías debidas para su conservación y la logística necesaria para la circulación y uso de estos documentos entre los actores del Sistema cuando sea necesario y en las condiciones que la ley lo permite, que debe ser ágil, oportuna y segura?

Antes de tomar la decisión planteada en el borrador de la Resolución 2346, que estimo no sea la más adecuada y que de seguro va a generar serios traumatismos que puden comprometer la operatividad del procedimiento del manejo de las HCO. y de otros procesos relacionados con ella , la del SGRP., además la seriedad y el prestigio de la DGRP. y del MPS.

ARGUMENTOS.

ARGUMENTOS DE LA PETICIÓN 1.

El Sistema de Seguridad Social en Salud dispuso establecerles un límite o tope a las EPS. en la prestación de la atención en salud con IPS. Propias hasta con un 30 % de ellas, para evitar el monopolio de las EPS. administrando y prestando el servicio

El SGRP. no puede ir en contra vía de la integración vertical, abriéndole puertas a las EPS. en la prestación de los servicios de salud, cuando se las están limitando en el Sistema de Salud.

Las EPS. al prestar servicios de salud ocupacional con IPSSO. propias o vinculadas con ellas, específicamente evaluaciones medicas ocupacionales, podrían caer en sesgo en las apreciaciones diagnosticas y conceptos de las evaluaciones medicas ocupacionales, los cuales son elementos claves en la calificación del origen del evento en salud, que pueden influir en la decisión de quien tiene la responsabilidad del cubrimiento económico, generándose desigualdad e injusticias en el Sistema.

ARGUMENTOS DE LA PETICION 2.

Los costos de las evaluaciones médicas ocupacionales y del Programa de Salud Ocupacional deben ser asumidos por el empleador, exclusivamente.

Sobre el valor de las evaluaciones médicas ocupacionales debe asumirlos el empleador, conforme al Art. 348 del C.S.T. literal b) del Art. 30 del Decreto 614 de 1984 y el num. 1 del Art. 10 de la Resol. 1016 de 1989 (contenido del programa de salud ocupacional)

Referente al costo del Programa de salud ocupacional también debe ser a cargo del empleador, según lo establece el parágrafo 1 del Art. 4 de al Resol. 1016 de 1989 que dice: “ los patronos o empleadores están obligados a destinar los recursos humanos, financieros, y físicos indispensables para el desarrollo y cabal cumplimiento del Programa de salud ocupacional”

El Art. 56 del Decreto 1295 de 1994 establece que el empleador es el responsable de la prevención de riesgos profesionales y de la ejecución del programa de salud ocupacional

El diagnostico de las condiciones de salud de los trabajadores de una empresa al que hace referencia el Art. 18 de la Resolución 2346 hace parte de actividades básicas y principales del subprograma de Medicina preventiva y del trabajo del Programa de salud ocupacional, para hacer: una planeación y seguimiento estandarizado de las condiciones de salud de los trabajadores en los lugares de trabajo, el diseño de programas de prevención de enfermedades, la unificación de criterios en la aplicación de las evaluaciones medicas ocupacionales, la información estadística, sus análisis son aplicados en el desarrollo de los sistemas de vigilancia epidemiológica, programas de rehabilitación integral y procesos de calificación y origen de perdida de capacidad laboral, por lo tanto los costos de este diagnostico deben ser asumidos en su totalidad por el empleador y no tienen porque estar a cargo de los médicos, si bien ellos los hacen.

En resumen el empleador debe pagar los costos (por cada una) de las evaluaciones medicas ocupacionales, pruebas o valoraciones complementarias y por el Diagnostico de las condiciones de salud de los trabajadores de una empresa.

Si las ARP. y las EPS. no pueden asumir o remplazar de manera directa o indirecta las responsabilidades que por ley le corresponden al empleador y en especial aquellos deberes y compromisos adquiridos en el Programa de salud ocupacional ¿ por que se le cargan los costos, como en el caso del Diagnostico de condiciones de salud, al medico o a las IPSSO. y no se establece de manera clara e inequívoca que este servicio debe ser pagado por el empleador, de lo contrario no seria impositivo y exigible, si no potestativo en cada caso.

ARGUMENTOS DE LA PETICION 3.

Respecto a la custodia de las Historias Medicas Ocupacionales no considero procedente que sean las IPSSO. y los médicos que realizan evaluaciones medicas los que las custodien, por la dispersión que se generaría de ellas con los respectivos riesgos de confusión y pérdida de las mismas, afecta la seguridad, agilidad y oportunidad del uso de esos documentos que permite la ley

Las historias médicas ocupacionales son documentos de carácter privado, obligatorios y sometidos a reserva, cuya perdida tiene implicaciones legales para quien lo custodia y en determinado caso para quien legisla sobre la organización de la misma.

Hay que aclarar que la evaluación médica ocupacional no es la historia médica ocupacional, que esta conformada por la o las evaluaciones medicas pre ocupacionales, periódicas, etc., los exámenes complementarios y el registro de las evaluaciones médicas. Los médicos o las IPSSO. que hacen las evaluaciones médicas, custodiarían la evaluación médica y los exámenes complementarios, no la historia medica ocupacional.

Si esos documentos son parte principal para y de los sub programas de medicina preventiva y del trabajo de los Programas de salud ocupacional, el cual es responsabilidad del empleador, que es quien pone el riesgo al trabajador, el debe asumir los costos de su archivo y custodia.

La logística para el uso y traslado de esos documentos entre los actores del SGRP. e incluso los jueces de la republica no es clara ni expedita, tal como se plantea en el borrador de la Resolución 2346, hay imprecisiones y vacíos de forma y de fondo imputables a las disposiciones tomadas en la Resolución que ocasionarían: confusión, pérdida, y fallas de oportunidad.

No es procedente que esta Resolución tan importante y definitiva par el SGRP. pueda ser, nuevamente, improcedente e inoperante, para que esto no ocurra debe hacerse todo lo que sea necesario.

Por todos los argumentos expuestos y fundamentados, y los amparados en la Ley 23 de 1981 Art. 34 y siguientes, el Decreto 3380 de 1981 de esta Ley, la Resolución 1995 de 1999 que reglamenta el tema de las historias clínicas en Colombia, la Resolución 1715 del 2005 que modifica parcialmente la Resolución anterior y la Constitución Política de Colombia, si la resolución queda en los términos planteados en la Resolución 2346 y en el borrador de modificación seria vulnerable, porque viola las normas planteadas en este Derecho de Petición y por inconstitucional al ser contraria a Derechos Fundamentales de los médicos, como derecho trabajo, a la remuneración justa por el trabajo desempeñado y a la igualdad.

Es mi derecho como medico actor del SGRP. que lo conoce y participa de manera activa con experiencia y trabajo de años, y mi deber como ciudadano y Veedor Delegado para el SGRP. alertar anticipadamente sobre el vació con que puede quedar la Resolución, para que de esta manera y cumpliendo con uno de los objetivos de una Veeduría preventiva al mas alto nivel se legisle para el mayor beneficio del SGRP. y de sus actores,

Favor tener en cuenta las observaciones de los derechos de petición sobre el tema anteriores.

Atentamente

Carlos Arturo Grisales Rojas MD. MSO.

Veedor Delegado para el SGRP.

Veeduría Ciudadana para el Sistema de Seguridad Social Integral PROSESO

(pro – Seguridad Social)